22 de noviembre de 2016

Acusados de una estafa con caravanas en Alicante alegan que desconocían su mal estado

Los vehículos habían sido enviados al desguace por el fabricante tras unas inundaciones en Francia en 2008, pero los detenidos afirman que desconocían su mal estado

23.11.2016 | 10:38
Acusados de una estafa con caravanas en Alicante alegan que desconocían su mal estado

Algunos perjudicados declaran que la Guardia Civil les inmovilizó las roulottes hasta que no hicieran reparaciones para reforzar el chasis.

Los acusados de una macroestafa con la venta de autocaravanas en mal estado aseguraron ayer en el juicio que no observaron ninguna anomalía en los vehículos y que ignoraban que habían sido destinadas al desguace. En el banquillo se sientan el responsable de la empresa que comercializaba las roulottes a través de Internet y un ingeniero al que se acusa de haber colaborado en la falsificación de la documentación de los vehículos y se les pide penas de más de tres años de cárcel. La cuarenta caravanas procedían de unas inundaciones en la localidad francesa de Tournon, donde se encontraba la sede de Trigano, la fabricante de las caravanas. Medio millar de roulottes sin estrenar y afectadas por la tromba fueron enviadas al desguace, pero acabaron siendo vendidas por personas ajenas al fabricante en distintos países de la Unión Europea con documentación falsa. En Alicante, una empresa de Villafranqueza, llegó a adquirir 40 de estos vehículos para ofertarlas por internet en toda España. El juicio por esta presunta estafa arrancó ayer en la Audiencia y está previsto que concluya el próximo lunes.

El empresario acusado aseguró ayer en la vista oral que se dedicaba a la venta tanto de vehículos usados como nuevos y que adquirió las autocaravanas en el año 2009 a un precio de 9.000 euros cada una, cuando el precio normal era de 35.000 euros por vehículo. Según declaró, se benefició de un descuento por el número de unidades adquiridas y porque el modelo iba a ser descatalogado, aunque los gastos del transporte y la tramitación de la documentación fue finalmente el triple de ese precio. El empresario alegó que comprobó los vehículos y que estaba todo correcto, sin haber detectado que los números del chasis estaban borrados, ni que se había serrado el mismo. «Las mismas comprobaciones las hizo la ITV», aseguró. En la causa llegaron a estar imputados inspectores de la ITV de Alicante y Benidorm que revisaron las caravanas, sin informar de anomalía alguna. El juzgado archivó la causa para ellos por no estar probado que tuvieran implicación en la causa y porque no había forma de que detectaran las anomalías en una inspección rutinaria.

El ingeniero acusado negó haber falsificado la documentación de los vehículos. El fiscal le acusa de haber emitido una ficha reducida de las caravanas en documento oficial a pesar de que por tratarse de vehículos nuevos no era el trámite adecuado. El técnico dijo que optó por esta ficha reducida porque ésa fue la solución aportada por los inspectores de la ITV cuando el empresario fue a informarse sobre los trámites para poder matricular las caravanas. El ingeniero aseguró que no detectó ninguna anomalía y que con la documentación en la mano todo estaba correcto. Según dijo, inspeccionó los vehículos a pesar de que no tenía obligación de hacerlo, «esa función era de los inspectores de la ITV».

Ayer comenzaron a declarar también algunos de los perjudicados que adquirieron los vehículos defectuosos. Algunos de ellos señalaron que la Guardia Civil les precintó los vehículos y los tuvieron inmovilizados hasta que subsanaron las manipulaciones en el chasis que tenían como objetivo ocultar cuál era el origen de las caravanas. Los perjudicados que declararon ayer señalaron que han seguido usando las roulottes, aunque algunos de ellos apuntaron a que habían tenido problemas con el motor, como consecuencia de los daños que causó el agua mientras los vehículos estaban sumergidos. Hoy está previsto que declaren una veintena de perjudicados que compraron otras unidades.

Los hechos fueron descubiertos a raíz de la denuncia presentada por representantes de la marca Trigano en España, que detectaron que los vehículos se ofertaban a través de una página web a precios por debajo de mercado. El fabricante está personado como acusación particular.

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