Fue un golpe seco y una caída al vacío. Apenas recuerdan mucho más de aquella tarde de primavera del 8 de mayo de 2013 en que sus vidas cambiaron para mal y para siempre. Ana, residente en el número 15 de la plaza de Calvo Sotelo de Alicante, psicóloga clínica de profesión y torpe confesa en temas de telefonía, pidió a su amiga Paloma, analista de sistemas, que la acompañara a resolver un problema del móvil. Sobre las 18,30 horas ambas cogieron el ascensor en el séptimo piso de ese edificio, pulsaron el botón de la planta baja y ya nada ha vuelto a ser igual.

A Paloma, con 45 años, se le partió en dos la espalda y desde entonces se desplaza en silla de ruedas. Ana, diez años mayor, no puede dar paso sin un andador que se ha convertido en una extensión de su cuerpo. Ambas tienen también las rodillas destrozadas por el impacto de los escasos dos metros que se desplomó el ascensor, un aparato al que apenas media hora antes del siniestro se había dado luz verde para su uso por la empresa encargada del mantenimiento, Thyssenkrupp Elevadores SLU, cuyos empleados, asegura, habían venido realizando trabajos de acondicionamiento desde el 24 de abril de ese año.

Contra esta mercantil, contra su aseguradora, contra la fabricante del elevador, Zardoya OTIS S. A., y contra los operarios que llevaron a cabo los trabajos en el ascensor siniestrado presentaron estas mujeres denuncia por un delito o falta de lesiones imprudentes que dio lugar a un procedimiento en el que en estos momentos hay cuatro personas en calidad de investigadas: el presidente del consejo de administración de Thyssenkrupp, una jefa de servicio y el delegado de la mercantil en Alicante y el presidente de la comunidad de propietarios cuando se produjo el accidente.

A Paloma, quien al igual que Ana tiene que tirar de ayuda psicológica y de antidepresivos para hacer frente a lo que ahora es su vida, nadie le quita de la cabeza que lo ocurrido es fruto de una negligencia de la que debe responder la empresa responsable de tener a punto el elevador. Por eso les enciende que la única respuesta de la mercantil haya sido consignar en la cuenta del juzgado «dos años después del siniestro y poco antes de que expirara el plazo que les obligaba a pagar intereses el mínimo que se fija para los accidentes de tráfico, cuando esto no es», matiza Paloma. «Cuando sales a la calle asumes el riesgo de que te pueda pillar un coche pero no se entiende que con los controles que hay pueda ocurrir lo que nos pasó a nosotras», agrega.

Con más de media docena de intervenciones entre ambas, una larga estancia en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y un sinfín de limitaciones en su día a día, lo que estas mujeres reclaman es «la restitución íntegra» de un daño que ahora está asumiendo su entorno familiar. Hermanos y cuñados se están volcando en unos cuidados que mensualmente suman varios miles de euros a los que ninguna de las dos podría hacer frente en solitario en la situación de incapacidad en que se encuentran. Sostienen que debería hacerlo la empresa que en nueve meses apenas dedicó seis horas al mantenimiento del elevador, la misma que dio el visto bueno a su uso media hora antes de que se desplomara.