19 de noviembre de 2016

Citados 40 testigos en un macrojuicio por estafa en la venta de autocaravanas

El fiscal pide más de tres años de cárcel a un empresario de Villafranqueza y a un ingeniero por el fraude

21.11.2016 | 09:05
Citados 40 testigos en un macrojuicio por estafa en la venta de autocaravanas

La Audiencia de Alicante ha citado a cerca 40 testigos por el macrojuicio que a partir del lunes sentará en el banquillo a dos acusados de una estafa en la venta de autocaravanas. Una empresa de Villafranqueza puso a la venta una treintena de autocaravanas que debían haber ido al desguace tras unas inundaciones en Francia de septiembre de 2008. Los vehículos se revendían por toda España a través de Internet, por lo que hay perjudicados de hasta 17 provincias diferentes. El macrojuicio comenzará el lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante y tiene previstos seis días de duración, hasta el 28 de noviembre.

En el banquillo se sientan el responsable de la empresa y un ingeniero acusados tanto por la estafa, como por la falsificación de la documentación original de los vehículos siniestrados. El fiscal pide para cada uno de ellos penas que suman tres años y tres meses de cárcel por ambos delitos. En la causa llegaron a estar imputados 25 técnicos de las ITV de Alicante y Benidorm por haber dado el visto bueno a los vehículos, pero el juzgado les dejó fuera de la investigación porque no quedó probado que estuvieran implicados en la trama. La investigación determinó que los operarios no podrían haber detectado las irregularidades durante una inspección ordinaria.

En el proceso están personados cinco abogados como acusaciones particulares que representan tanto a perjudicados que compraron vehículos defectuosos, como los fabricantes de los vehículos por el perjuicio causado a la marca por esta estafa.

Las inundaciones ocurrieron en septiembre de 2008 en la localidad francesa de Tournon, donde se encontraba la sede de la empresa fabricante. Un total de 414 de los vehículos resultaron gravemente dañados y no aptos para la circulación, siendo destinadas al desguace. La empresa a la que se encargó la destrucción de las roulottes volvió a ponerlas en el mercado, de las cuales una treintena fueron adquiridas por uno de los acusados para comercializarlas por internet a un precio inferior al del mercado. La Guardia Civil consideraba que las caravanas eran incompatibles con la inmersión en el agua y con el tiempo produce la degradación y la putrefacción de los materiales. El fiscal considera que los acusados conocían la procedencia de los vehículos y que no podían comercializarlos en España.

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