La cúpula de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) declaró ayer en un juzgado de Alicante que investiga las presuntas alteraciones de sus cuentas para poder recibir subvenciones públicas, especialmente del Consejo Superior de Deportes. Tanto el presidente nacional, Jesús Castellanos, como las otras cuatro personas investigadas -anteriormente imputadas-, negaron las acusaciones, que también se refieren a un presunto desvío de fondos.
El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis Lafuente, presidió el interrogatorio de los investigados, en el que estuvo presente el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, y los abogados de la defensa. Además de Castellanos declararon ante el juez el tesorero, el secretario y la gerente de la RFET, así como el presidente de la Federación Valenciana de Taekwondo, Víctor Pizarro.
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Alicante -que inició la investigación tras la denuncia del presidente de un club de Castellón- concluye que existen indicios racionales de la presunta comisión de los delitos de fraude a las subvenciones, malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental. La Policía y la Fiscalía Anticorrupción responsabilizan de estos hechos a los principales cargos de la RFET y al presidente de la Federación Valenciana de Taekwondo.
La investigación abierta abarca las cuentas de una década del organismo, que recibe aproximadamente un millón de euros anuales en subvenciones y genera otros 800.000 euros de recursos propios, según fuentes judiciales.
Falsedad
La Policía y Anticorrupción sostienen que la RFET supuestamente obtuvo subvenciones públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión. Para ello presuntamente reflejaban falsas deudas o por un importe inferior en sus cuentas anuales con el fin de justificarse ante el Consejo Superior de Deportes y acceder así a las subvenciones.
Cuatro de los cinco investigados fueron detenidos en junio por la Policía en Alicante y Barcelona y además de proclamar ayer su inocencia en el juzgado aportaron al juez un informe elaborado por dos auditores «independientes», según el abogado defensor de Castellanos, Manuel Perales, quien resaltó que los peritos concluyen que el informe de la UDEF contiene «conclusiones carentes de razón y con errores infantiles».
El letrado defensor insistió en que «no hay el menor desvío de fondos» y achacó la denuncia del presidente del club de Castellón a «rencores y envidias».
Unas horas más tarde de salir los cinco investigados del Palacio de Justicia, la Federación Española de Taekwondo difundió un comunicado de su junta directiva para mostrar su «repudio total» por las acusaciones del presidente del club de Castellón, del presidente de la Federación Gallega y de la conocida deportista Coral Bistuer por no respetar la presunción de inocencia y perjudicar al deporte del taekwondo. La directiva nacional afirma que ha saneado una federación que estaba en quiebra, con una deuda de más de un millón de euros, además de resaltar los logros deportivos con cinco medallas en las dos últimas Olimpiadas.
Información «mutilada»
Sobre el contenido aportado a la UDEF por los denunciantes, la RFET dice que en su comunicado que es «una información taimada, mutilada, especialmente parcial y tendenciosa, que no se basa más que en la insinuación y el rumor», pero sin que exista una prueba objetiva.
La Federación Española entiende que las conclusiones de la Policía son «precipitadas, inexactas» y destaca que el trabajo pericial aportado por la defensa al juzgado indica que el el informe de la UDEF «adolece de una total ausencia de rigor» y las conclusiones «de naturaleza económica contable que alcanza no se ven sustanciadas por evidencias objetivas e indicios racionales». Insiste el informe pericial en que la Policía hace «afirmaciones erróneas imprecisas al no utilizar práctica pericial alguna, ni ortodoxa ni tan siquiera heterodoxa».
Además de las declaraciones de los investigados, la Policía Nacional realizó ayer en el juzgado el volcado del disco duro de un ordenador intervenido para buscar nuevas pruebas sobre el presunto fraude.
