08 de noviembre de 2016

5 años de cárcel al funcionario que saqueó 200.000 euros de una cuenta de su juzgado

La Audiencia condena a otros ocho acusados por colaborar en la trama y rechaza que no supieran nada

08.11.2016 | 10:38
5 años de cárcel al funcionario que saqueó 200.000 euros de una cuenta de su juzgado

La Audiencia de Alicante ha impuesto penas cercanas a los cinco años de prisión a un funcionario del Palacio de Justicia de Dénia por saquear 200.000 euros de una cuenta del juzgado en el que trabajaba, según el fallo hecho público ayer. La sentencia declara probad0 que el funcionario se prevalió de su cargo para acceder a las claves informáticas de una cuenta del juzgado y realizó hasta 40 mandamientos de pago indebidos que cobraron otros ocho acusados simulando ser los beneficiarios, falsificando la firma de la secretaria judicial. Los pagos se realizaron entre mayo de 2010 a noviembre de 2011 y ascendieron a 203.255 euros. Los colaboradores se presentaban en el banco con la documentación falsa simulando ser beneficiarios de pagos de asuntos ficticios que se estaban tramitando en el juzgado del funcionario acusado. La Audiencia les condena por delitos de estafa y de falsedad en documento oficial.

El principal acusado admitió los hechos el día del juicio, aunque quiso exculpar a los otros ocho colaboradores que se sentaban con él en el banquillo, alegando que no sabían nada de los hechos. La sentencia de la Audiencia señala que «no puede alegar ignorancia quien cobra un mandamiento conociendo la inexistencia de saldo a su favor en el juzgado emisor. Los acusados conocían que cometían un acto ilícito y, en el caso improbable de que alguno pudiera tener alguna duda al respecto, no quiso despejarla, prefiriendo cobrar el falso mandamiento y lucrarse con su importe».

El fallo les impone penas que oscilan entre los tres años de cárcel y los nueve meses de prisión a cada uno de estos colaboradores, en función del dinero percibido, ya que alguno de ellos fue al banco hasta en 27 ocasiones para ir a cobrar estos mandamientos. Este último aseguró el principal acusado le dijo que los pagos eran por colaborar con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), historia que los jueves tildan de «rocambolesca» pues este acusado «no era miembro del CNI y no concurría razón alguna para que figurara como beneficiario de fondos públicos». Otros de los beneficiarios de los pagos fueron un socio de negocios del acusado, su exmujer y otra expareja de éste.

En cuanto al principal acusado, la Audiencia sostiene que «se prevalió de la condición de funcionario interino que ostentaba para rapiñar fondos públicos». Los jueces sostienen que éste «abusó de la confianza depositada por la sociedad, poniendo su carácter público al servicio de sus propósitos criminales, de modo que (...) en lugar de servir al cargo se sirvió de él para delinquir».

Durante el juicio, el funcionario trató de incriminar en los hechos a la secretaria judicial que le denunció, así como a otro compañero del juzgado, una versión a la que los jueces no han dado credibilidad alguna. El tribunal señala que «carece absolutamente de racionalidad que una persona implicada en una trama fraudulenta sea la que la destape denunciando en el juzgado las irregularidades».

«Los acusados, con la finalidad de hacerse ilícitamente con fondos públicos, presentaron al cobro mandamientos de pago en los que se había falseado la firma de la secretaria judicial, abonándolos la entidad bancaria en la creencia de que se trataba de mandamientos legítimos», concluyen los jueces en la sentencia.

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