La reforma de edificios judiciales en la Comunidad Valenciana recibirá un empujón en 2017, aunque no será suficiente para acabar con un problema endémico. Desde la Conselleria que dirige Gabriela Bravo aseguran que el estado en que el PP dejó las sedes judiciales resulta «lamentable», pero admiten que no hay fondos suficientes para una renovación en profundidad, con un presupuesto que la propia consellera califica de «ajustado». Así, la inversión para 2017 atiende a las necesidades más acuciantes.

Un informe elaborado por la Conselleria desgrana las actuaciones que el Consell prepara para 2017. En total invertirá 18,9 millones, un 15% más que en 2016, aunque parte del presupuesto se destina a pagar anualidades pendientes del anterior Consell por la construcción de la Ciudad de la Justicia de Elche, 1,6 millones, y los palacios de Justicia de Paterna, con 989.990 euros, y Vila-real, 1,6 millones. Entre las actuaciones que se impulsarán destacan las referentes a los juzgados de Alzira y Gandia, bloqueadas desde hace años.

Vandalismo en Alcoy. Antes de que finalice el año está previsto trasladar los juzgados y la fiscalía de Alcoy al nuevo edificio de la plaza de la Mare de Déu. Se trata de un inmueble municipal acabado hace cinco años y sin uso, que ha sufrido numerosos actos de vandalismo, lo que ha obligado al Ayuntamiento a hacerse cargo de las reparaciones. Se ultima la preparación del equipamiento tecnológico, como el cableado eléctrico e informático y ya se ha contratado la adquisición del mobiliario. La Conselleria pagará al Ayuntamiento un alquiler por utilizar estas instalaciones.

Restauración del TSJCV. En 2017 se harán mejoras por valor de 3,6 millones. Se abordará la restauración del TSJ, y la instalación de una climatización con eficiencia energética. En la Ciudad de la Justicia se sustituirá la climatización para acabar con problemas que se arrastran desde la inauguración.

Remodelación en Alicante. Las obras de reforma de la sede del Palacio de Justicia de Benalúa, en Alicante, ya tienen estudios y la Conselleria espera a la resolución del Ayuntamiento que indique los términos en los que se puede intervenir en el inmueble que goza de protección.

Convenio previsto en Orihuela. Está prevista la firma de un convenio para regularizar la situación y resolver los problemas pendientes desde hace más de una década. Se estudia la cesión gratuita de la Generalitat al Ayuntamiento de la sede de los antiguos juzgados y se negocia una contraprestación al Consistorio, de la que se hará cargo la Generalitat por el uso de las actuales instalaciones como sede judicial. Una comisión busca desbloquear la situación y devolver el antiguo edificio de los juzgados.

Sin avances en La Vila. Justicia está en contacto con el Ayuntamiento para buscar una sede que permita el traslado provisional y ampliar y reformar el Palacio de Justicia de la localidad.