Las órdenes de alejamiento ya no se dictan únicamente para proteger a las víctimas de malos tratos o de delitos sexuales de sus presuntos agresores. Dos de cada diez de estas medidas de protección afectan a otras personas del entorno de la víctima y para la que es necesario adoptar medidas de protección. En la última sentencia dictada por la Audiencia de Alicante por un crimen de violencia de género, la magistrada imponía una orden de alejamiento que impedía al agresor volver a contactar o aproximarse a sus dos hijos durante veinte años. Los dos menores vieron cómo el hombre acababa con la vida de su madre a sartenazos durante una discusión familiar en el domicilio familiar en Xàbia. Las misma prohibición está vigente para los nueve hermanos y la madre de la mujer asesinada. Tanto los menores como la madre fueron testigos directos de la agresión mortal. La orden de alejamiento lleva aparejada la retirada de la patria potestad.
La orden de alejamiento es obligatoria hacia las víctimas, pero aún es controvertido si debe serlo también para el resto de familiares y allegados, por ser víctimas potenciales de estos presuntos agresores.
«Muchas veces la víctimas se refugian en el entorno familiar para tratar de escapar de la situación de maltrato en la que se encuentran. Por eso, es posible que el presunto agresor vaya a por esas personas para dejar a su víctima sin ningún tipo de apoyo para que rehagan sus vidas», explicó a este diario el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro. El magistrado considera que a quién afecta la orden de alejamiento dependerá de cada caso concreto, por lo que es fundamental que la víctima cuente con un buen asesoramiento legal desde el momento en que declara ante la Policía para presentar la denuncia.
Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados dictan una media de 600 órdenes de protección al año en la provincia de Alicante.
