Un juzgado de lo Penal ha condenado a un año de prisión al entrenador de un equipo juvenil de fútbol de San Vicente por compartir imágenes de pornografía infantil e internet y tener imágenes íntimas de menores de edad, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El juicio se cerró con una conformidad entre el fiscal y la defensa la semana pasada en un juzgado de lo Penal de Alicante.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2014 a raíz de que la Guardia Civil realizara un registro en casa del acusado, tras comprobar que en su cuenta de Twitter tenía publicadas un total de 45 imágenes, en los que aparecían menores de edad realizando actos sexuales entre ellos o con adultos, así como otros en los que aparecían en actitudes obscenas o pornográficas.

Durante el registro practicado en un domicilio del acusado en Alicante, los agentes encontraron en el teléfono móvil numerosos ficheros con imágenes de pornografía infantil, guardados en carpetas ocultas. Entre este material había ocho carpetas clasificadas con nombres propios que contenían ficheros de penes en erección que fueron obtenidos por el acusado de menores conocidos por éste. En otra carpeta se localizaron hasta 17 vídeos de pornografía infantil y en algunos de ellos aparecían menores de 13 años. Tres de estos vídeos habían sido filmados por el propio acusado manteniendo sexo oral con un joven que tenía 14 años en el momento en el que ocurrieron los hechos.

El fallo considera probado que el procesado compartió archivos de pornografía infantil tanto a través de Twitter y de WhatsApp con varios destinatarios, entre ellos había un joven menor de edad.

El fallo le inhabilita para el ejercicio de cualquier oficio relacionado con menores de edad durante dos años. El juzgado le ha suspendido la pena, por lo que no irá a prisión, aunque todo queda condicionado a que no vuelva a delinquir durante los próximos dos años; así como a que realice un curso en materia de educación sexual. La Audiencia de Alicante puso en marcha estas sesiones formativas hace unos meses para intentar que se cumplan las sentencias que se dicten por este tipo de delitos.