Una baja laboral del funcionario acusado de un desfalco de más de 200.000 euros fue decisiva para descubrirle, según trascendió ayer durante el juicio en la Audiencia tras la declaración de la secretaria judicial que interpuso la denuncia. La letrada de la Administración de Justicia relató ayer al tribunal que llegó al juzgado un fax del banco informando que se acababan de pagar las costas de un procedimiento. Según explicó, el asunto correspondía al funcionario acusado, por lo que fue a la mesa a comprobar el expediente, porque el número no se correspondía con ningún asunto, y fue en ese momento cuando se encontró con que su firma había sido falsificada. La secretaria fue a entrevistarse con el personal del banco que le explicó que precisamente la persona que había cobrado el dinero había estado esa misma mañana y que ya había estado allí diez veces. «Estuve comprobando extracto por extracto todas órdenes de pago», explicó hasta que reunió la información suficiente para presentar la denuncia. «Todas las personas beneficiarias eran allegados a él», dijo. La secretaria judicial explicó que de alguna manera el funcionario accedió a la clave informática para entrar en la cuenta del juzgado. «Yo la tenía anotada en una libreta, pero no estaba a la vista. Pensé que la había llevado a casa», explicó. El dinero correspondía a procedimientos antiguos.

El funcionario trató de implicar a la secretaria judicial el martes durante la primera sesión del juicio, por sorpresa, cambiando su declaración y diciendo que no actuó solo. Ayer hasta las propias defensas le dejaron solo y nadie preguntó por esa presunta trama para repartirse el dinero. La secretaria lo negó todo y desmintió que su marido fuera el director de la sucursal donde estaba la cuenta del juzgado.

El fiscal le acusa de haber falsificado la firma de la secretaria judicial autorizando mandamientos de pago por procedimientos ficticios de la cuenta del juzgado. Entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 firmó hasta cuarenta mandamientos de pago que sumaban más de 200.000 euros. Ninguna de las personas que cobraron tenía procedimientos abiertos en ese juzgado, ni motivo para recibir el dinero.

El fiscal le pide seis años de cárcel y penas que oscilan entre los dos y los cinco años a sus colaboradores. El juicio quedó ayer visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.