Un funcionario admite un desfalco de 200.000 euros en un juzgado de Dénia

Tal como adelantó este diario, el fiscal le acusa de haber falsificado la firma de la secretaria judicial autorizando mandamientos de pago por procedimientos ficticios de la cuenta del juzgado. Entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 firmó hasta cuarenta mandamientos de pago que sumaban más de 200.000 euros. Ninguna de las personas que cobraron tenía procedimientos abiertos en ese juzgado, ni motivo para recibir el dinero. El fiscal le pide seis años de cárcel y penas que oscilan entre los dos y los cinco años a sus colaboradores.

El funcionario trató de defenderse poniendo en marcha el ventilador y tratando de implicar a más personas, incluso a quien le denunció. Tras detención, el funcionario se negó a declarar y sólo quiso decir que había actuado en solitario, sin el respaldo de nadie más del juzgado. Ayer cambió de versión y aseguró que él jamás podría haber montado todo esto él sólo. El acusado aseguró que las cantidades defraudadas descubiertas en la investigación eran una mínima parte y que había más dinero desaparecido y otras personas implicadas. Entre ellas, otro compañero del juzgado de quien dijo que tenía otro expediente abierto en Torrevieja por hechos idénticos a éstos y la secretaria judicial, que fue la persona que le denunció al descubrir las irregularidades, y de quién dijo que era la verdadera responsable de todo. «Esto era una práctica habitual y cuando faltaba dinero para el material se echaba mano de él. Lo repartimos entre todos», aseguró, El funcionario justificó el cambio de versión diciendo que había solicitado hasta cuatro veces ser citado a declarar pero el juez lo ignoró.

De la teoría de la conspiración pasó a las hazañas de Robin Hood, para decir que ese dinero estaba abandonado en el juzgado sin que nadie lo reclamara, de procedimientos que se remontan hasta los años 80 y 90 y se usó para ayudarv a pagar deudas. Las propias defensas plantearon al inicio del juicio la nulidad del proceso diciendo que no se había localizado a los perjudicados y que el Estado no era el verdadero titular de ese dinero. Una solicitud rechazada de plano por el tribunal al poner las acusaciones de relieve que el titular de la cuenta bancaria era el Ministerio de Justicia y responsable de los fondos allí depositados. También en el procedimiento están personados dos particulares perjudicados por la desaparición del dinero.

Entre las personas que se presentaron a cobrar en el banco con mandamientos judiciales falsos estaban la mujer y una amante del acusado, que aseguraron que él les pidió el favor de ir a cobrar y que luego le dieron el sobre.

Otro era un amigo personal, que llevó hasta 27 mandamientos de pago que sumaban 90.000 euros. «Me dijo que estaba en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que era dinero de fondos reservados para confidentes. Yo me quedaba con un pico», explicó. Cinco mil euros sirvieron a otro acusado para pagar una supuesta asistencia a un curso de formación para aspirantes al CNI a otro de sus conocidos. «Yo no pagué nada por el viaje», aseguró el presunto aspirante a espía y fontanero de profesión. Uno de ellos, llegó a pensar que el procesado era chófer del ministro de Sanidad. Otro presunto colaborador es su socio en una empresa que, según explicaron, se hizo con el mantenimiento de las instalaciones de climatización de hospitales y tareas de prevención para la legionella. «La Conselleria de Sanidad nos debía 70.000 euros. Al darme los mandamientos pensé que nos estaba pagando». Otros dos acusados aseguraron que pensaban que el dinero era un préstamo del acusado. Uno le usó para saldar deudas con su bar y el otro cogió 200 euros para terminar de pagar la moto.