La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha abierto el melón de la revisión de los partidos judiciales y abogó por la comarcalización de servicios. En la memoria del TSJ, hecha pública ayer con motivo del acto de apertura del año judicial en la Comunidad Valenciana, la magistrada advierte de que para la provincia de Alicante son necesarios 21 nuevos juzgados y otros cinco magistrados para cada una de las secciones penales de la Audiencia para ajustarse a los módulos que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no tener sobrecarga de trabajo, a su entender, principal causa del retraso en los procedimientos.
Sin embargo, en la introducción de la memoria advierte de que es necesario revisar la planta judicial. «Resulta insostenible una estructura judicial dividida en mucho partidos judiciales, con muchos edificios, muchos servicios comunes, muchas unidades.. Es insostenible y es poco eficaz. Con la concentración de sedes judiciales se conseguirá la especialización, la reducción de tiempos y la economía de recursos dedicados a fines comunes», asegura en el texto. De la Oliva admite que la actual situación económica «no es la ideal para afrontar esta clase de retos», pero incide en que «este proceso ya no admite más demora», por lo que reclama un esfuerzo coordinado de todo los afectados. Asimismo también reclamó la «necesaria colaboración» a la administración para que de manera definitiva, inexcusable e inaplazable se ocupe de la Justicia, dotándola de medios personales y materiales imprescindibles».
Durante su discurso, De la Oliva señaló que por fin se registra un cambio de tendencia pese a la difícil situación de los órganos judiciales, ya que del más de un millón de asuntos ingresados, se resolvieron 25.000 más de los recibidos. En el ámbito Civil, la presidenta del TSJ señaló que desde 2013 los juzgados valencianos han conocido unas 20.000 demandas por preferentes y productos bancarios complejos, de las que quedan 4.300 por resolver.
De los nuevos juzgados que se reclaman para la provincia de Alicante, se encuentran aquellos que fueron creados por el Gobierno y a los que el Consell renunció en 2011 porque no tenía dinero para ponerlos en marcha.
En la memoria, se piden nuevos órganos judiciales en prácticamente todas las jurisdicciones.
Entre las necesidades judiciales de la provincia, el TSJ cita cinco juzgados mixtos (que resuelven asuntos penales y civiles) para Alcoy, Elda, Novelda, San Vicente, La Vila Joiosa. Otros nueve para asuntos civiles en Alicante (especializado en incapacidades), Benidorm, Dénia, Elche, Orihuela y Torrevieja. Asimismo se reclama un nuevo juzgado de Instrucción para Orihuela, y otros cuatro de lo Penal, de los cuales dos irían a a Alicante, uno a Orihuela y otro a Torrevieja. Se reclama un juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Elche, cuatro de jurisdicción Social en Alicante (que se quedaría con dos), Benidorm y Elche; y otro Mercantil.
