El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, en funciones de guardia, acordó ayer el ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona de 42 inmigrantes arrestados tras la llegada de cuatro pateras a la isla de Tabarca el pasado martes. El internamiento es el paso previo a la devolución a su país de los inmigrantes. Los otros trece inmigrantes eran menores de edad e ingresaron en un centro de acogida de Alicante.
Las comparecencias en el juzgado de guardia se prolongaron durante seis horas y todos aseguraron ser argelinos excepto dos inmigrantes que dijeron que eran de Siria, extremo que no cree la Policía y lo achaca a un intento por evitar la expulsión del país.
El traslado se realizará hoy al CIE de Barcelona y no al de Valencia como habitualmente, ya que debe estar sobresaturado y no tiene capacidad para albergar a tan elevado número de personas.
Los inmigrantes localizados en Tabarca no han ofrecido datos de interés en sus declaraciones para los agentes que investigan las redes de inmigración ilegal. Uno declaró incluso que estaba bañándose en el Postiguet y otro que sus padres estaban en España pero no sabía dónde.
Por otro lado, la Sindicatura de Greuges de la Comunidad Valenciana ha abierto de oficio una investigación para «conocer y supervisar» la atención que se presta a los menores que llegan a tierras valencianas sin ir acompañados por adultos. El expediente surge a raíz de los 13 menores que arribaron a la isla de Tabarca el pasado martes en cuatro pateras junto a otros 42 hombres.
En un comunicado, el Síndic de Greuges, José Cholbi, detalla que supervisar la atención que reciben los menores extranjeros ante una problemática que «por su especial idiosincrasia» es motivo de «interés constante» para su institución.
La Sindicatura concreta que la denominación «Menor Extranjero No Acompañado» hace referencia a la persona extranjera menor de 18 años que llega al territorio español sin venir acompañado de un familiar o adulto responsable de él o ella, por lo que se encuentra en situación real de desamparo.
Este contexto «de especial vulnerabilidad» obliga a la administración a ejercer «su tutela» y a prestarle «atención social, escolar, asistencial y sanitaria» a través del sistema de protección de menores de la Comunidad Valenciana.
Además, recuerda que se trata de una cuestión «recurrentemente» que fue analizada a principios de 2016, cuando el Síndic abrió un expediente para conocer la problemática de los niños refugiados que huyen de sus países de origen envueltos en conflictos armados. En esta ocasión, el defensor valenciano quería conocer las actuaciones que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tenía previstas para asegurar la atención de un colectivo de menores en situación de riesgo real de caer en las redes de las mafias y traficantes. «Sucesos como el de esta semana que demuestran el repunte en los casos de menores que llegan solos a nuestro territorio, hacen que esta institución siga estando muy pendiente de la atención que reciben por parte de la Administración», indica la Sindicatura.
