La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un empresario y a cinco falsos trabajadores por un fraude de cerca de 65.000 euros cometido gracias a contratos ficticios para obtener posteriormente diversas prestaciones y subsidios de desempleo.
Los detenidos, de entre 40 y 50 años, ha sido acusados de los delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social.
La investigación fue iniciada hace un mes por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad (UCRIF) de la Policía de Alicante. Un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social alertaba a la Policía de la existencia de una empresa que desde el año 2014 no tenía actividad laboral alguna.
Los agentes de la UCRIF realizaron gestiones y corroboraron que el administrador de la empresa la utilizaba para dar de alta a falsos trabajadores con el objetivo de que accedieran luego a prestaciones y subsidios pese a que el empresario no había abonado a la Seguridad Social las cuotas correspondientes a las altas de los empleados.
Cuotas no satisfechas
Según informó ayer la Comisaría Provincial, el fraude a las arcas públicas ha sido de más de 48.000 euros por las cuotas no satisfechas a la Seguridad Social y más 16.400 euros que han recibido los supuestos trabajadores en concepto de prestaciones o subsidios por los contratos ficticios.
Esta operación no es la primera que realiza la UCRIF en Alicante este año. El pasado mes de abril la Policía desarticuló un grupo criminal formado por un empresario y dos intermediarios que también se dedicaban a vender contratos y realizaban altas ficticias con el último fin, además de percibir prestaciones y subsidios, de estafar en diferentes establecimientos utilizando las nóminas falsas como acreditación de solvencia económica para financiar compras, tales como teléfonos móviles o incluso vehículos nuevos.
Asimismo, durante el mes de marzo fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un empresario acusado de falsedad documental tras haber estado dando de alta a falsos trabajadores y generando una deuda a la Seguridad Social por el impago de las cuotas de más de 33.000 euros. Además, en esta ocasión los falsos contratos también se emplearon para regularizar en España a ciudadanos extranjeros.
