El número de pleitos civiles en la Audiencia de Alicante ha aumentado este año un 30 por ciento, un incremento que coincide con la desaparición de las polémicas tasas judiciales impuestas por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Los magistrados alicantinos lo tienen claro la cifra indica que los tributos estaban limitando el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Las cifras de entrada de asuntos se desplomaron en picado tras la llegada de las tasas, aunque la polémica suscitada obligaron al Gobierno a retirarlas para las personas físicas en febrero de 2015, manteniéndose sólo para las empresas. Estas últimas tasas acaban de ser también tumbadas por el Tribunal Constitucional hace una semana. El porcentaje del incremento coincide con el descenso que hubo a raíz de la implantación de los polémicos tributos.
Durante el pasado año 2015, se cerró el ejercicio en la Audiencia alicantina con un total de 3.400 apelaciones de asuntos civiles y la previsión apunta a que 2016 se cerrará con 4.400 apelaciones entre las cuatro secciones civiles, al haber cerrado junio con más de 2.000 recursos ingresados. El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, aseguró que al haberse recuperado el volumen de recursos no está contemplado cerrar secciones civiles para destinarlas a resolver penal. El desplome de la actividad durante los tres años de vigencia de las tasas obligó a plantearse esta posibilidad, después de que entre las cuatro secciones civiles de la Audiencia en Alicante apenas se superara el millar de recursos de apelación al año. Magro aseguró que en estos momentos las secciones civiles de la Audiencia están tardando una media de entre 40 y 60 días en resolver desde el momento en el que les llega un nuevo asunto.
Aunque el ministerio intentó en su día dar marcha atrás suavizando algunas de las tasas, dejó intactos los tributos que se debían abonar en caso de que se fuera a presentar un recurso de apelación: 800 euros si iba dirigido a la Audiencia; y 1.200 euros si se presentaba ante el Tribunal Supremo. El dinero se perdía con independencia de que se ganara el recurso. Antes, el dinero que había que abonar por un recurso civil ante la Audiencia era de 50 euros.
El presidente de la Audiencia ya presentó un informe ante el ministerio de Justicia alertando de que la Ley de Tasas podría ser inconstitucional debido a su elevada cuantía. Desde el primer momento, las tasas contaron con el rechazo frontal de todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia, jueces, fiscales , abogados, procuradores y secretarios judiciales. El Tribunal Constitucional ha anulado las tasas precisamente por vedar al ciudadano el acceso a la Justicia con unas tasas desproporcionadas, y recuerda que el ordenamiento español ya contaba con instrumentos disuasorios. Tras la anulación de las tasas, algunas asociaciones de jueces y fiscales ya preguntan qué pasa con los 306 millones de euros cobrados en todo el país con las tasas ahora anuladas.
