Desde el ataque, la dueña del loro ya no se puede acercar a él, según declaró ésta en el juicio. El ave se pone agresiva y le ataca y desconfía de todas las personas que se acercan a él, además de las secuelas físicas sufridas por el líquido corrosivo. Sin embargo, la juez no ha considerado que las acusaciones hayan probado la existencia de un daño moral para la propietaria del loro. Por este motivo, sólo impone al acusado el pago de 720 euros como indemnización, que es el coste del tratamiento médico en la clínica veterinaria. Las acusaciones reclamaban además una indemnización de 1.000 euros por los daños morales. La juez señala que el delito de maltrato animal no lleva aparejada por sí mismo la exigencia de una indemnización, como puede ser un delito contra la libertad sexual o por el fallecimiento de un familiar, hasta determinado grado de parentesco. La juez sostiene que en este caso no se ha practicado prueba alguna que determine que la dueña del loro deba percibir una indemnización por los daños morales y la deniega.
