La Audiencia de Alicante ha anulado una investigación que salpicaba a guardias civiles y a detectives de Barcelona que estaban acusados de participar en el plan para secuestrar a un presunto narco por un robo de droga, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Los magistrados de la Sección Segunda han considerado insuficiente la argumentación del juez para pinchar los teléfonos a los implicados y esto ha provocado la nulidad de toda la investigación, por lo que los implicados han quedado absueltos de los delitos que se les imputaban.
En el banquillo se sentaron cinco personas, entre ellas dos guardias civiles y dos detectives privados, y un presunto narco, que estaba defendido por el abogado Aitor Esteban Gallastegui, con el que según la acusación habrían planeado el secuestro de otro individuo para tratar de recuperar un kilo de cocaína que les habían robado. Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en Alicante entre noviembre de 2007 y enero de 2008 cuando uno de los acusados adquirió una partida de 20 kilos de cocaína para venderla. Esta persona le dejó la droga a otro hombre para que se la guardara pero éste desapareció con el alijo, por lo que el primer acusado adquirió una deuda de 645.000 euros con los suministradores primarios de la mercancía.
Ante esta situación, el acusado contactó con dos detectives privados para encargarles que recuperaran el dinero o la mercancía mediante el secuestro o la intimidación del hombre que había huido con la droga o algún miembro de su familia, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Igualmente, acordó con dos guardias civiles en activo que colaboraran en este plan a cambio de 3.000 euros.
La investigación se inició en el juzgado número uno de Alicante que estaba investigando a la banda por presuntos delitos de tráfico de drogas. Las escuchas telefónicas desvelaron a la Guardia Civil que los implicados estaban planeando el secuestro de una persona por lo que pidieron a la juez autorización para intervenir los teléfonos e investigar esos hechos. La magistrada formó una pieza separada y dedujo testimonio desviando lo relativo al secuestro a otro juzgado para que lo investigara de manera separada, que recayó en Instrucción dos.
La Audiencia señala que el nuevo juzgado utiliza una «fórmula genérica y estereotipada» para intervenir las comunicaciones y «lo hace sin la más mínima motivación», lo que provoca que todas las intervenciones telefónicas son nulas.
Las nulidades no han afectado a los detectives privados de Barcelona, pero la Audiencia señala que de las conversaciones no queda probado que estos tuvieran participación en un intento de secuestro, sino que fueron contratados para que siguieran a una mujer.
