La Audiencia de Alicante ha absuelto a los tres guardias civiles acusados de una presunta trama de corrupción en el cuartel de Ibi al cuestionar la investigación que les llevó al banquillo, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo critica los cambios de versión de algunos de los testigos, que fueron contundentes durante la instrucción y que después suavizaron su versión, y considera que algunos de los atestados fueron manipulados por personas desconocidas ironizando con la «enorme accesibilidad a todos los habitáculos y archivos informáticos de quienes se encontraran en el acuartelamiento».

Los tres acusados eran el comandante del puesto a principios de 2010 (defendido por el letrado José Luis Sánchez Calvo), un cabo (representado por María del Mar Gutiérrez) y un agente (cuyo letrado es Francisco Moreno) a quienes se les acusaba de quedarse dinero de los detenidos, falsear atestado y hacer desaparecer actas de intervención de drogas. Los tres alegaron que fueron víctimas de un complot de la plantilla porque cuando se incorporaron a sus puestos como responsables del acuartelamiento impusieron muchas normas tras años de disciplina más relajada. La Fiscalía había retirado buena parte de los delitos que les imputaba a dos de los procesados y al tercero le retiró la acusación en la última jornada del juicio.

La Sección Tercera asegura en la sentencia que tiene «numerosas dudas sobre los hechos realmente acaecidos y sobre sus autores«, lo que les obliga a dictar una sentencia absolutoria. La sala señala que algunos de los testigos que en su día vieron los hechos que fundamentaron las acusaciones «en el momento del juicio no los recuerdan, pese a tratarse de hechos insólitos por lo grave de los mismos o bien suavizan lo inicialmente afirmado».

En esta línea, los agentes que aseguraron haber visto cómo el comandante les rompía el acta de intervención de droga en un pub porque el dueño era amigo suyo, «sorprendentemente ninguno lo recuerda ahora, siendo la discusión una mera discrepancia jurídica sobre el precepto que se debía aplicar».

También consideran los jueces «desconcertante» el hecho de que la investigación se iniciara por medio de «una carta anónima, con indicios de no serlo en la que el autor da cuenta de una serie de hechos que posteriormente integrarían la acusación contra los imputados y que culmina con una serie de quejas de otra índole». La sentencia señala que en la denuncia presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles por la que se puso en marcha el procedimiento se aportaba una «copia manipulada» que supuestamente habrían hecho los acusados de los atestados, «sin que se haya ofrecido ninguna explicación satisfactoria sobre la persona que proporcionó tales documentos». La sala señala que el documento se manipuló pero pudo hacerlo cualquier persona ya que se realizó en formato Word y no en el sistema Sygo que era oficial del cuerpo y que impedía esas manipulaciones y se debería haber usado desde el principio, sin que nadie explicara de forma clara por qué se utilizó en ese caso, dice el fallo. «Esto ha posibilitado el acceso indiscriminado de cualquier persona, incluido desde luego el acusado y la modificación del documento que nos ocupa», dice el fallo.

Según las denuncias, estas manipulaciones tratarían de encubrir una presunta apropiación de uno de los acusados de 350 euros a unos detenidos búlgaros. La sentencia recuerda que el dinero permaneció en un sobre junto al atestado en el acuartelamiento y que no hay constancia de que ninguno de estos arrestados fuera al cuartel a reclamar el dinero cuando quedaron en libertad. El fallo recuerda que posteriormente el dinero se ingresa en la cuenta del juzgado y que aunque esto se hace dos meses después no puede presuponer en contra del reo que éste pretendiera quedárselo. Las manipulaciones del sistema pudo hacerlas otro.