Sin dinero y con la dentadura en mal estado. Así se quedaron 36 clientes de una clínica dental de San Vicente del Raspeig que cerró la pasada Semana Santa y dejó en la estacada a numerosos vecinos que financiaron tratamientos dentales por valor de 90.300 euros y no se los hicieron al clausurar el establecimiento sin previo aviso. Tras la avalancha de denuncias la Guardia Civil abrió una investigación que ha concluido con la detención del gerente de la clínica, que desapareció de la provincia y trasladó su residencia a Madrid, donde pudo ser localizado.
El empresario detenido era gerente de la clínica El Poble, que anteriormente fue una franquicia de Vitaldent y cambió de nombre tras el escándalo de la cadena.
Según informó ayer la Comandancia de Alicante, la propia clínica financiaba los tratamientos dentales y los clientes adquirían la deuda una vez concedido el préstamo pero no cumplían con los pactado.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig recibió la primera denuncia a mediados del pasado mes de junio y ya comenzó a realizar las primeras pesquisas. La clínica objeto de la investigación ofrecía tratamientos dentales cuyo coste oscilaba entre 400 y 10.000 euros.
Para atraer a más clientes la propia clínica financiaba los tratamientos con muchas facilidades. Según la Benemérita, los clientes firmaban un contrato de financiación en el que solicitaban el total del coste del tratamiento dental pero el dinero nunca les llegaba a ellos. El préstamo se concedía y el importe lo cobraba directamente el gerente antes de iniciar el tratamiento dental.
Algunos pacientes llegaron a recibir parte del tratamiento acordado, pero la mayoría se quedó esperando y sin empezarlo.
Durante la pasada Semana Santa la clínica cerró supuestamente unos días para descansar pero nunca llegó a reabrir sus puertas. Por ello, los clientes empezaron a sospechar y a mediados de junio se puso la primera denuncia, a la que siguieron muchas más.
Los investigadores de la Guardia Civil llegaron a contactar con 36 afectados y tras analizar todos los casos comprobaron que el dinero estafado asciende a 90.300 euros.
Las pesquisas del Instituto Armado no han sido fáciles pero al final los agentes lograron averiguar el paradero del empresario y detenerlo. Se había trasladado a vivir a Madrid. Es un español de 53 años que no posee antecedentes por hechos similares y que ha sido detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de 36 delitos de estafa.
