Poco antes de las cuatro de la tarde, el juicio por presunto fraude fiscal de Hansa Urbana y el empresario Enrique Ortiz quedó ayer visto para sentencia en el juzgado de lo Penal 1 de Alicante tras una maratoriana jornada que comenzó a las diez de la mañana. El fiscal y el abogado del Estado mantuvieron sus acusaciones contra los cinco procesados y aseguraron que los negocios que, a su juicio, simularon Ortiz y Rafael Galea fueron «burdos montajes» para que Hansa se aplicara deducciones fiscales que no les correspondían. Mientras que las defensas reiteraron que todo el proceso se tendría que haber solventado en la vía administrativa por tratarse de un asunto meramente contable y criticaron el rigor de las presunciones de la Agencia Tributaria en las que se ha apoyado todo el caso. Como ya adelantó ayer este diario, el fiscal rebajó de cuatro años y medio de cárcel la pena que solicitaba a un año y cuatro meses de prisión, una rebaja que a su juicio debe afectar a todos los acusados tras haber pagado Ortiz antes del proceso el dinero que reclamaba el fisco, 8,8 millones. Junto a Ortiz y Galea, se sientan en el banquillo Miguel Carratalá, Vicente Ballestar y Vicente Pérez Cañas.
La operación investigada afecta a nueve parcelas de 289.000 metros cuadrados de suelo rústico en la Playa de San Juan que en 2006 Hansa Urbana vendió a empresas del grupo Ortiz. Sobre el papel, seis meses antes Hansa firmó un contrato de alquiler por esas parcelas también a empresas del grupo Ortiz, que se pagó de manera anticipada por un periodo de cinco años. Las acusaciones sostienen que ese arrendamiento fue una simulación que permitió a Hansa deducirse indebidamente seis millones de euros para destinarlos a reinversión de beneficios al permitirle poner ese suelo dentro de su contabilidad como inmovilizado y no como existencias. El abogado del Estado incidió en que Ortiz nunca reclamara el dinero de cinco años de alquiler pagados por anticipado, sin ni siquiera hacer uso real de ese suelo. Las acusaciones dicen que el dinero del alquiler en realidad era un anticipo por la venta. «Cuando Hacienda empezó a pedir la documentación de estas operaciones fue cuando se hicieron los contratos falsos», concluyeron.
Por su parte, desde las defensas se recalcó en que el proceso es una mera discrepancia contable entre Hacienda y Hansa que debería solventarse en la vía administrativa. Los letrados aseguraron que los arrendamientos fueron reales, pero que ni siquiera eran necesarios para que Hansa pudiera hacerse la deducción fiscal. El abogado de Galea, el letrado Javier Boix, volvió a cuestionar los métodos de la Agencia Tributaria y señaló que, mientras en el proceso penal existe el derecho de los acusados a no autoincriminarse, en el administrativo Hacienda obliga a entregar bajo la amenaza de sanción la documentación que después usan para llevarles al juzgado. Boix incidió en la falta de indicios y que las acusaciones ni siquiera habían cifrado la cuota defraudada. «Cuestionan la realidad del alquiler, pero en este juicio hemos tenido más pruebas del arrendamiento que de propia la venta», dijo.
En esta línea, el abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, señaló que en todo el proceso «no se ha añadido ni un sólo hecho fáctico a la denuncia inicial de Hacienda» y que los inspectores se habían limitado a ir al juzgado a confirmar sus informes. «Las acusaciones se han tenido que ir corrigiendo sobre la marcha al irse refutando los hechos en los que se apoyaban», dijo. Así, citó que se dijo que el suelo no podía destinarse a almacén porque era blando, se ha demostrado que no era cierto; así como también se había acreditado a su juicio que los contratos de alquiler fueran antieconómicos. El letrado Alejandro Bas, que defiende a Miguel Carratalá, habló de una «querella catalana», en la que Hacienda ha usado la denuncia para coaccionar a los acusados para que paguen. Por su parte, el abogado Javier Gerona, que representa a Hansa Urbana, incidió en que los beneficios de la operación se reinvirtieron y que todo partía de presunciones de la Agencia Tributaria. «Denuncian, investigan y si les dejan ponen ellos la sentencia», aseveró.
