De cuatro años y medio de cárcel a un año y cuatro meses. El fiscal anunció ayer antes del final del juicio a los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Galea por fraude fiscal importantes reducciones en las penas que solicita para los cinco acusados. Según avanzó, por el fraude pedirá hoy un año de prisión y otros cuatro meses por falsedad documental. El Ministerio Público entiende que concurre una atenuante muy cualificada de reparación del daño, después de que Enrique Ortiz y su cuñado Miguel Carratalá pagaran el año pasado 8,8 millones de euros correspondientes al dinero que reclamaba Hacienda, por la deuda tributaria, los intereses legales y las costas del proceso. El pago del dinero no se hizo para admitir las acusaciones, sólo como estrategia de defensa, y deberá ser devuelto en el caso en que el promotor fuera absuelto.
La Fiscalía ha pedido que se aplique la atenuante a todos los acusados: Enrique Ortiz, Rafael Galea, Miguel Carratalá, Vicente Pérez Cañas y Miguel Ballestar, en cambio la Abogacía del Estado entiende que la atenuante debe aplicarse sólo a los dos procesados que pagaron. Las acusaciones consideran que los procesados simularon contratos de alquiler de varias parcelas en la Playa de San Juan en el año 2005 para lograr que Hansa se dedujera indebidamente seis millones de euros en concepto de reinversión de beneficios de su inmovilizado.
El fiscal también planteó de manera alternativa que los hechos podrían ser un delito de estafa por simulación de contrato. Por lo que pidió a la juez que, en caso de que entendiera que éste fuera el delito y no un fraude fiscal, les impusiera la pena de nueve meses de cárcel. El planteamiento de esta acusación alternativa provocó la reacción de las defensas que consideraban que se trataba de un nuevo delito introducido de manera sorpresiva por el Ministerio Público y reclamaron a la juez un aplazamiento para presentar sus conclusiones a fin de poder estudiar el alcance de esta acusación. La jornada de hoy está reservada para los informes de conclusiones finales y esta mañana las defensas concretarán si necesitan o no el aplazamiento. La magistrada ya les avisó ayer: «Tienen hasta mañana (hoy para el lector) para estudiarlo». Las defensas anunciaron ayer que pedirían la libre absolución de sus representados y que, alternativamente, también plantearan que, en caso de que la juez condenara, existen dilaciones indebidas, ya que los hechos datan de 2005 y han pasado más de diez años.
El fiscal desarrollará hoy en su informe final de conclusiones de qué acusa a cada uno y el por qué de este delito alternativo. El abogado del Estado anunció por su parte que mantendrá en lo esencial su escrito de conclusiones, salvo ciertas correcciones para solventar errores materiales y precisar algún matiz.
La jornada de ayer estuvo centrada en la declaración de los peritos, la mayoría citados por parte de las defensas. Mientras los funcionarios de la Agencia Tributaria incidieron el miércoles en que el suelo investigado debería haber figurado en el apartado de existencias en la contabilidad y no en el inmovilizado, los peritos de ayer defendieron justo lo opuesto. Hansa tenía un proyecto en ese suelo que no podía ejecutar porque el Ayuntamiento no había autorizado su plan. Los peritos señalaron que esta controversia genera multitud de litigios con la Agencia Tributaria, aunque por la vía contencioso-administrativa.
