Competidores directos. El empresario Enrique Ortiz negó ayer ante la juez haber ayudado a los responsables de Hansa Urbana a desgravarse indebidamente seis millones de euros simulando una operación de alquiler y posterior venta de parcelas en la Playa de San Juan. «Eran nuestra competencia directa. De haber podido perjudicarles, lo habría hecho», aseguró. Junto a Ortiz se sientan en el banquillo de los acusados el presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea, así como los empresarios Miguel Ballestar, Vicente Pérez Cañas y Miguel Carratalá. El fiscal les reclama penas que suman cuatro años y medio de cárcel por delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Antes del juicio quedó fuera del proceso el exsocio de Ortiz, Aurelio González Villarejo, por padecer una enfermedad degenerativa.
Tanto el Ministerio Público como el Abogado del Estado sostienen que el presunto fraude fiscal cometido por Hansa y del que Ortiz sería cooperador necesario se cometió en una operación urbanística de nueve parcelas de 239.000 metros cuadrados en la Playa de San Juan. En 2005, el suelo que tenía la calificación de rústica se alquiló por periodo de cinco años a empresas vinculadas con Ortiz. Los cinco años se pagaron por anticipado por 3,5 millones. Sin embargo, seis meses más las parcelas fueron finalmente compradas por otras empresas de Ortiz. Según las acusaciones, el contrato de arrendamiento fue una ficción que permitió a Hansa deducirse más de seis millones al pasar ese suelo en la contabilidad de «existencias» a «inmovilizado» y declararse como reinversión de beneficios.
Ortiz señaló que desconocía cómo tenía contabilizadas Hansa esas fincas. «No sé ni cómo lo tengo contabilizado yo», ironizó. Pero el promotor incidió en que la relación con Hansa era mala. «Los dos competíamos por desarrollar el plan parcial y en aquella época nos había quitado directivos para llevárselos trabajar con ellos», explicó. El promotor señaló que la pretensión que tenían era la de hacerse con todo el suelo de La Condomina y tenían un equipo de siete Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) negociando la adquisición de terrenos. Según explicó, uno de los motivos para firmar el contrato de arrendamiento fue para reforzar su presencia en el sector y evitar que se vendiera a una tercera persona. «Eso hubiera generado unos sobrecostes de 16 millones» dijo, en otras fincas sin firmar y donde su empresa tenía invertidos más de cien millones. El otro de los motivos fue porque el suelo tenía una situación estratégica para servir de almacén de material de construcción para todas las obras que tenían en la Playa de San Juan, hechos en los que también incidieron Miguel Carratalá y Vicente Pérez Cañas. Ortiz dijo que ni siquiera las parcelas compradas fueron las mismas que las del arrendamiento, ya que se alquilaron once y adquirieron nueve. «Al ver que no nos vendían todo, decíamos que estos de Hansa iban tocando las narices hasta el final», recalcó.
Por su parte, el presidente de Hansa, Rafael Galea, aseguró que su mercantil era reacia a vender esos terrenos para desarrollar su proyecto, porque los tenían como reserva para una futura ampliación del campo de golf y la ciudad residencial de la Condomina y estaba descartado la construcción de viviendas. Sin embargo, la decisión administrativa se demoraba, por lo que se optó en un primer momento por alquilar ese suelo, con la reserva de poder rescindir el arrendamiento en caso de que el Ayuntamiento les autorizara. Según explicó, Hansa recibió numerosas ofertas por ese suelo al diario y se inclinaron por la que les resultó más ventajosa. Al final se optó por la venta porque Hansa necesitaba dinero para otros proyectos al ver que el proyecto no se aprobaba. Galea aseguró que él no tomó decisión contable alguna y que era totalmente ajeno a esos procesos.
En la actualidad, la situación urbanística de la parcela sigue en el aire y no se ha aprobado ninguno de los proyectos. El proceso seguirá hoy y hasta el viernes con la declaración de los testigos. En cuanto a las cuestiones previas planteadas el primer día, la juez contestó con una de cal y otra de arena a acusaciones y defensas. Por un lado rechazó que se haya vulnerado el derecho a no declarar contra sí mismos cuando Hacienda les reclamó la documentación; y por otro, admitió que cuatro de los inspectores de Hacienda que hicieron los informes declaren como testigos y no como peritos.
