El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado dos nuevos juzgados de refuerzopara tratar de aliviar la situación de colapso que se vive tanto en la jurisdicción civil y penal, según confirmaron a este diario fuentes del CGPJ. El Consejo ya ha autorizado a los jueces, el Ministerio a los secretarios (ahora llamados Letrados de la Administración de Justicia) y la Conselleria se ha comprometido a aportar los funcionarios. Los nuevos órganos judiciales son un juzgado de lo Penal y otro de Primera Instancia, éste último especializado en tramitar asuntos de incapacidades.
La jurisdicción penal es una de las más colapsadas. En estos momentos, todos los asuntos que no sean urgentes se están señalando a día de hoy para comienzos de 2019. Es decir, más de dos años y medio desde que un asunto termina de investigarse y llega al juzgado para que se celebre el juicio. El personal judicial muestra su malestar cuando se recuerda que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a cerrar todas las investigaciones que no sean declaradas complejas en seis meses, para que después se queden más de dos años esperando turno para la vista oral. Las causas preferentes son las de violencia de género, las que tienen al acusado en prisión preventiva o los delitos que son materia de juicios rápidos. El resto son procesos no urgentes y pasan a la cola, eternizando las fechas de los señalamientos. La causa fiscal por fraude fiscal al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi lleva cerca de un año en un juzgado de lo Penal esperando que se le ponga fecha. La propuesta de acuerdo del CGPJ cifra en un 134% la sobrecarga de trabajo existente en los juzgados de lo Penal de Alicante.
En cuanto al juzgado de Primera Instancia, estará especializado en tramitar incapacidades. Una materia que se reparte entre los otros doce magistrados y que frecuentemente requiere hacer visitas a residencias para examinar a los incapacitados. Concentrando todos estos trámites en un sólo órgano judicial se espera ganar además de especialización, liberar de trabajo al resto de jueces para resolver asuntos relacionados con la crisis. En civil, la sobrecarga de trabajo está cifrada en un 169%. El juzgado de especialidades en Alicante iba a ser el primero de España pero, al congelarse su creación en 2011, fue adelantado por otras provincias en su puesta en marcha, como Madrid y Barcelona.
La medida forma parte de un plan de choque puesto en marcha antes de las elecciones entre el TSJ y la Conselleria de Justicia para tratar de salvar la situación de bloqueo que sufría la provincia en sus tribunales, ya que la falta de Gobierno en Madrid no permitía crear nuevas unidades. Sólo se pueden poner en marcha nuevos juzgados a través de un decreto y los ejecutivos en funciones no pueden firmar decretos. La interinidad del Gobierno se ha ido prolongando y el colapso iba creciendo ya que no se había creado ningún nuevo juzgado desde el año 2010. Todos los que tenían que entrar en marcha en 2011 no se crearon porque la Conselleria de Justicia no tenía dinero para hacerlo, a pesar de que se necesitaban con urgencia. La fórmula elegida para sortear este escollo es que los nuevos juzgados entran en funcionamiento como un refuerzo a los que ya existen. Estos refuerzos se han aprobado inicialmente durante seis meses, con la previsión de consolidarlos una vez que haya un Gobierno estable.
