Una carta anónima remitida a la sede de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) fue la que inició las investigaciones sobre la existencia de una presunta trama corrupta en el cuartel de la Guardia Civil de Ibi. En el banquillo se sientan tres agentes a los que se les acusa de haberse apropiado de efectos de los detenidos, así como de haber falseado atestados. Ayer declaró el que era portavoz de la AUGC en aquellos años, Manuel Martínez, y que presentó la denuncia en el juzgado que motivó la investigación.
Martínez aseguró ayer en el juicio, que a la sede llegó un escrito anónimo en el que se denunciaba que tras una detención, una serie de personas se habían apropiado de un dinero de los arrestados. Según explicó, se puso en contacto con el represante de la asociación en Ibi, quien a través de la Policía Local, pudo confirmar que en esa operación se había confiscado dinero y que éste no aparecía en los atestados. «Lo hablamos con el abogado de la asociación y éste nos dijo que eran unos hechos graves y deberíamos ir al juzgado», declaró. Martínez explicó que se desvinculó del asunto una vez presentada la denuncia y que desconocía el resto de las irregularidades que se imputan a los acusados.
Las defensas, que llevan los letrados José Luis Sánchez Calvo, Francisco Moreno Arranz y María del Mar Gutiérrez, esgrimieron durante el juicio la división de la AUGC que desembocó con la salida de Martínez de la directiva para tratar de desvirtuar las acusaciones. Cuando le preguntaron por los motivos por los que se retiraron de la acusación tras la toma de posesión de la nueva directiva. «Nosotros teníamos un compromiso con la lucha contra la corrupción cuando creamos la asociación, quizá la nueva directiva tenga otras prioridades», aseveró. Martínez, que en la actualidad es portavoz de la Asociación Nueva Coproper, aseguró que en aquella época no tuvieron ninguna queja ni constancia especial de que en el cuartel de Ibi hubiera una situación de enfrentamiento de los mandos contra la plantilla, ni que hubiera complot alguno para destituirlos. En el banquillo se sientan el que era el comandante del puesto a comienzos de 2010, a quien el fiscal reclama cinco años y medio de cárcel; el entonces jefe del área de investigación a quien se piden hasta quince años de prisión; y otro agente, que se enfrenta a nueve años.
