Después de casi una década de instrucción la causa abierta por una trama de falsificadores que sobornó a empleados del Consulado de Argelia en Alicante para evitar la expulsión de inmigrantes argelinos y obtener documentos se cerró ayer en un juicio celebrado en la Audiencia con una petición de condenas mínimas para seis acusados y retirada de acusación para otros dos, uno de los cuales fue el único que no se declaró culpable. La Fiscalía solicitaba inicialmente penas que sumaban 80 años de prisión, pero ayer las rebajó a 4 años y 7 meses después de que no pudiera prosperar la acusación del delito de cohecho al no tener la consideración de funcionarios públicos por el Convenio de Viena los dos trabajadores del consulados, tal como alegó la defensa de los implicados. Hay un noveno procesado en la causa que no compareció ayer en el juicio y está declarado en rebeldía.
El acuerdo de conformidad alcanzado ayer entre la fiscal del caso y los abogados defensores, entre ellos José Soler, Aurora Gámez y Javier Arias, de la firma Century Abogados, contempla la retirada de la acusación de cohecho y la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Según la defensa de los extrabajadores del consulado, no se les puede considerar funcionarios públicos porque se ha incumplido el Convenio de Viena al no comunicar al Consulado de Argelia el procesamiento de los dos empleados.
Los dos acusados que trabajaban en el consulado aceptaron ayer ser condenados cada uno a 11 meses de cárcel y multa de 3.000 euros por delitos de falsedad continuada y contra los derechos de los ciudadanos de extranjeros. Otros tres acusados aceptaron penas de 11 meses de cárcel y multas de 900 euros por los mismos delitos, mientras que otro implicado será condenado a dos meses. Los otros dos serán absueltos en la sentencia al no formular acusación contra ellos el ministerio público.
Grupo de falsificadores
La trama enjuiciada está formada por un grupo de falsificadores de documentos que captó a dos trabajadores del Consulado de Argelia en Alicante para sobornarles y evitar expulsiones de inmigrantes argelinos. La Guardia Civil desplegó en mayo de 2007 a más de setenta agentes en Alicante para realizar de forma simultánea las detenciones de nueve implicados y siete registros domiciliarios.
Los dos acusados que trabajaban en el Consulado de Argelia no eran funcionarios consulares y una de las tareas que tenían encomendadas era identificar como ciudadanos argelinos a inmigrantes ingresados en centros de internamiento para ser expulsados de España.
Según los hechos aceptados ayer por todos los acusados excepto uno de ellos, dos inmigrantes fueron trasladados desde Málaga hasta Alicante en noviembre de 2006 con el fin de ser documentados como argelinos y expulsarlos de España. Sin embargo, uno de los acusados no lo identificó como argelino a cambio de dinero. Situación similar se produjo con otro argelino que ya había sido expulsado en 2004 y regresó a España pese a tener prohibida la entrada. Fue apresado en Torremolinos y cuando lo presentaron en el Consulado de Argelia en Alicante para su reconocimiento el acusado no le identificó como argelino, por lo que fue puesto en libertad. Como contraprestación el empleado consular recibió mil euros y un traje de caballero valorado en 1.100 euros.
En cuanto al otro trabajador del consulado, al menos dos inmigrantes evitaron la expulsión al no ser documentados como argelinos, uno a cambio de 500 euros y otro porque era conocido suyo. La Guardia Civil intervino en su casa a este trabajador gran cantidad de documentos falsificados para «valorarlos como auténticos para la expedición de los documentos y la realización de los trámites que realizaba como funcionario del consulado», entre ellos certificados de empadronamiento, pasaportes argelinos, partidas de nacimiento y cartas de identidad de Argelia, según la acusación de la Fiscalía.
Buena parte del resto de acusados se dedicaba a la falsificación de documentos y otros sobornaron a los empleados del consulado. Uno de ellos acordó pagar 2.000 euros a uno de los funcionarios por dos pasaportes y le dio un anticipio de 200 euros. Otro acusado se dedicaba a conseguir documentos con apariencia de ser auténticos para personas sin permiso de residencia en España o sin posibilidad de obtenerlo. Lo mismo ocurría con otro procesado al que la Guardia Civil intervino en su casa de Alicante documentos falsos y formatos de documentos españoles, franceses y argelinos, así como modelos de sellos de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, del Consulado de Argelia y de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante.
