23 de mayo de 2016
23.05.2016

El fiscal dice que el juez se "extralimita" y pide reabrir la investigación del caso Rabasa

El Ministerio Público sostiene que el auto de archivo "no analiza la compleja investigación" que se sigue en esta causa y que "ha supuesto varios años", sino que se "reduce a recoger los requisitos legales de los planes urbanísticos"

23.05.2016 | 16:39

La Fiscalía Anticorrupción pide reabrir la investigación sobre el macroplan urbanístico del barrio de Rabasa de Alicante, en un recurso en el que acusa de "extralimitarse" al juez que ordenó el sobreseimiento provisional de esta causa y sostiene que la instrucción no está agotada.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, el magistrado César Martínez, decretó hace poco más de una semana el sobreseimiento provisional de esta causa, una de las derivadas del 'caso Brugal' y en la que figuraban como investigados (antes imputados), entre otros, la exalcaldesa del PP Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz.

Ese plan, que finalmente no se llevó a cabo, preveía la construcción de unas 13.000 viviendas en alrededor de 4,2 millones de metros cuadrados junto a un futuro área comercial donde se proyecta la apertura de una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea.

El magistrado César Martínez considera en el auto por el que decretó el sobreseimiento provisional de esta causa que la citada actuación urbanística no era que en sí misma "una actividad delictiva", por lo que las gestiones "encaminadas a su tramitación, aprobación y ejecución no pueden ser definidas 'ab initio' como una trama".

Para el magistrado, resulta "indiferente que sea más o menos apropiada la forma en la que se relacionan los empresarios y sus empleados en la persecución del éxito en sus negocios y los políticos y funcionarios en el progreso de la causa pública cuando ninguno de ellos rebase" el Código Penal.

El auto de sobreseimiento concluía que no había quedado "suficientemente justificada" la comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación que se atribuían a Castedo, a Ortiz y a varios técnicos tanto municipales como del Gobierno central.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha recurrido esta decisión ante la Audiencia de esta provincia en un escrito al que ha tenido acceso Efe y que resume en tres sus argumentos esenciales.

En primer lugar, según Briones, el auto de archivo "no analiza la compleja investigación" que se sigue en esta causa y que "ha supuesto varios años", sino que se "reduce a recoger los requisitos legales de los planes urbanísticos y de los tipos penales", y concluye, "con poco más, que los hechos no revisten carácter delictivo".

Por otro lado, el fiscal considera que, en algunos "pasajes" del citado auto, el juez "se extralimita en su función e inunda la del juzgador" al hacer una valoración de las pruebas practicadas y entrar en el fondo del asunto.

En tercer lugar, la causa "ha sido archivada sin estar acabada la Instrucción", añade el representante del ministerio público, en alusión a las diligencias pedidas por éste y otras acusaciones que el magistrado instructor considera "innecesarias", como los interrogatorios de directivos de Ikea.

En su escrito, de 166 páginas, el fiscal Briones contesta punto por punto las conclusiones del magistrado, cita numerosa documentación del plan urbanístico, transcribe múltiples conversaciones entre los sospechosos grabadas por la Policía y critica, entre otras cosas, que las gestiones realizadas por Castedo "no merezcan, en el auto ni un solo renglón".

En este sentido, Anticorrupción afirma que el juez "omite" en su análisis algunos indicios delictivos como la "relación "íntima, familiar" que mantenían en la época investigada Ortiz y la alcaldesa del PP, y que ambos "procuraban ocultar al exterior y que se proyectaba a beneficiar los intereses económicos" del empresario.

Briones reclama a la Audiencia Provincial que revoque el sobreseimiento de la instrucción y ordene al juez que tome declaración a una abogada y dos ejecutivos de Ikea, y haga lo propio, en este caso en calidad de investigado, a un alto cargo de la sección de Carreteras del Ministerio de Fomento.

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