El consejero delegado de una empresa promotora de Alicante ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de estafa procesal al engañar a un juez de primera instancia para evitar la subasta de una finca donde iba a construir un edificio.

La sentencia, dictada por la Audiencia de Alicante y a la que ha tenido acceso Efe, declara probado que el procesado logró la suspensión de la subasta en dos ocasiones, y "la segunda a sabiendas de que todo lo alegado ante el tribunal no era cierto".

En concreto, presentó el 11 de noviembre de 2013 un escrito en el que manifestaba que las propietarias originales de la parcela, dos hermanas, habían accedido a que la promotora se la devolviese en lugar de pagarles con dos locales del futuro edificio.

Ese dato no era cierto, pues las mujeres habían optado expresamente por el cumplimiento del contrato de compraventa en otro proceso judicial.

De este modo, el terreno en litigio sí podía ser subastado por el juzgado de Primera Instancia 5 de Alicante para saldar otra deuda de la empresa, en este caso de 50.000 euros.

Para la sección tercera de la Audiencia de Alicante, la actuación del consejero delegado de la promotora constituye un delito de estafa procesal, pues redactó un escrito que no era más que "una falacia" para inducir a error al juez y lograr mantener la propiedad de la finca embargada.

Además, señala, carecía de poderes para aportar el documento en representación de las propietarias originales del suelo, sabía que una de ellas había fallecido y que ambas querían en pago los locales del edificio que se construyera en el mismo.