La defensa de Alexander Romanov, acusado de blanquear en España 14 millones de euros de la mafia Taganskaya, pidió ayer la nulidad de las pruebas de la Fiscalía porque surgen de escuchas telefónicas y registros que son ilegales al basarse en la «estigmatización» del procesado porque es ruso y exconvicto.

Según el letrado Cristóbal Martell, que defiende al principal acusado en el juicio que comenzó ayer en la Audiencia de Palma, el planteamiento inicial de la Fiscalía es: «Ruso que trae dinero a España que en su día resultó condenado: blanqueo de capitales», pero no se basa en pruebas fehacientes.

El abogado incidió en que Romanov, que se enfrenta a una petición de pena de 17 años de prisión y 40,1 millones de multa, ha sufrido una «lesión relevante» en sus derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones, la intimidad y la tutela judicial efectiva. Los 12 acusados en el juicio se enfrentan a penas que suman 76 años de prisión y 165 millones en multas.