La Audiencia de Alicante ha condenado a cuatro años de cárcel al administrador de una empresa inmobiliaria de Altea por vender una parcela a una pareja de extranjeros que iban a destinar a su vivienda y en la que sólo se permitía la edificación para oficinas, según el fallo hecho público ayer. El procesado deberá indemnizar con 115.000 euros a la pareja perjudicada por los perjuicios ocasionados.
El fallo declara probado que los perjudicados compraron al acusado en agosto de 2010 una parcela de 1001 metros cuadrados en la que había construída una casa que en realidad era una oficina de ventas para las viviendas de una urrbanización próxima. La citada oficina contaba con cvocina, baño y tres salones. Según la sentencia, el acusado conocía perfectamente que la intención de los clientes era hacerse una vivienda unifamiliar y que el único uso que tenía ese suelo era el de servicios privados, sin posibilidad de poder usarse como residencial, ni obtener licencias para ello. Los perjudicados llegaron a abonar 115.000 euros por la parcela y tenían que aportar otros 45.000 euros para comprarla definitivamente. Según la sentencia, fue en el momento en que acudieron a los bancos para buscar financiación y abonar el resto del dinero cuando descubrieron la situación real del suelo. El acusado alegaba que los denunciantes eran conocedores de la realidad de la parcela y que le habían manifestado su intención de montar allí una tienda on line. La sala concluye que los perjudicados pretendían comprar una casa aunque conocieran que hasta ese momento se usaba como oficina de ventas de la urbanización, pero contactaron con el acusado para comprar una casa.
