04 de mayo de 2016
04.05.2016

Un juzgado denuncia a dos administradores concursales por vender fincas a escondidas

El magistrado ve indicios de prevaricación y alzamiento de bienes en la actuación de ambos supervisores

05.05.2016 | 03:03
Imagen de los pocos chalés habitados del proyecto.

El fallo les condena a doce meses de inhabilitación para intervenir en otros procesos.

Un juzgado de lo Mercantil de Alicante ha denunciado a dos administradores por vender a sus espaldas fincas del concurso de acreedores de una promotora de Alcoy y contraviniendo resoluciones expresas de éste, según la sentencia hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El fallo condena a Abraham García Gascón y a José Luis Ramos Fortea a doce meses de inhabilitación para intervenir en otros concursos y se deduce testimonio contra ellos para que sean investigados por presuntos delitos de prevaricación y alzamiento de bienes. Contra la decisión cabe recurso ante la Audiencia. Las irregularidades detectadas se enviarán ahora a un juzgado de Instrucción de Alicante para que se investiguen por la vía penal.

La resolución se enmarca en el polémico concurso de acreedores de la promotora alcoyana Luxender, donde dos de los administradores designados por el proceso ya fueron apartados por prácticas desleales y por actuar en contra de los intereses de los acreedores beneficiando a personas afines. La promotora tenía un proyecto para hacer una urbanización con más de 1.500 chalés en Alcoy pero acabó atrapada por la crisis y entró en concurso de acreedores en 2008, con tan sólo treinta viviendas terminadas y una deuda cercana a los 40 millones.

En el nuevo fallo notificado ayer, tras una demanda de los nuevos administradores concursales contra los apartados del proceso, se concluye que la gestión de los segundos fue «calamitosa, presentando indicios de ser claramente delictiva». Entre las irregularidades denunciadas ante un juzgado para que las investigue está la venta de hasta 18 fincas en el Sector Solana I de Alcoy, en contra de la decisión acordada por el juez; así como otras que fueron trasmitidas en una ampliación de capital a Urbanova SL. El juez recuerda que al inicio del concurso el patrimonio neto de la empresa era de 19 millones de euros y ahora la actual administración concursal ha tenido que pedir la conclusión del proceso al no haber bienes suficientes. Otra irregularidad sería la presunta apropiación de un cheque por parte de los administradores que no habría sido ingresado en la masa del concurso, hechos que investiga un juzgado de Alcoy.

El juez conluye que «resulta difícil distinguir una sola actuación realizada por los dos administradores en los cinco años en que desempeñarpon su función en que se apreciara únicamente la imparcialidad y objetividad que debe presidir su comportamiento», a lo que añade que en su gestión ha sido apreciable «siempre un ánimo de enriquecimiento ilícito, podría decirse incluso que de latrocinio».

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