El empresario peletero de Elda acusado de estafar un 1,2 millones de euros a seis bancos se declaró culpable de los hechos y aceptó una condena de un año y nueve meses de prisión. El juicio se cerró ayer con una conformidad en la Audiencia Provincial de Alicante en un proceso en el que estaban personados todos los bancos como acusación particular. Entre los testigos estaba el exdirector general de la CAM, Roberto Lopez Abad, que fue citado como testigo al ser esta entidad la mayor perjudicada por el fraude, aunque no llegó a comparecer al haberse cerrado el acuerdo. La Sección Segunda de la Audiencia había previsto hasta cuatro sesiones de juicio para interrogar a 35 testigos.

Al haber admitido el acusado los hechos, la fiscal introdujo una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que los hechos se remontan al año 2000, y redujo la pena solicitada de cinco años de cárcel a un año y nueve meses de prisión, petición a la que se adhirieron el resto de las acusaciones. El empresario, que ha sido defendido por el letrado Luis Delgado de Molina, pedirá al tribunal la suspensión de la condena, cuando se dicte sentencia, para evitar ir a prisión.

El acusado era administrador de una empresa de encurtidos con sede en Elda y que en el desarrollo de su actividad firmó diversas pólizas de anticipo de crédito con hasta seis entidades bancarias. El acusado solicitó diversos créditos a los bancos, aunque al amparo de dicha póliza presentó a descuento diversos recibos extendidos por él mismo con cargo a sus clientes. Según los escritos de acusación, estas operaciones que servían de soporte a los recibos no eran reales, aunque en otros casos el supuesto fraude se perpetró con otro tipo de contratos. El empresario sostenía que se vio atrapado por los elevados tipos de interés y no pudo pagar. Entre las entidades afectadas que operaban en la época de los hechos se encuentran la CAM, Bancaja, Banco Santander Central Hispano, Banco de Valencia, Banco Español de Crédito y Banco Zaragozano. En el caso de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, el procesado tenía una deuda que ascendía a 607.968 euros.