La Fiscalía mantuvo ayer su petición inicial dos años y medio de prisión y multa 1.800 euros para el directivo de una cooperativa de Villafranqueza dedicada a la promoción de viviendas por estafar más de 200.000 euros presuntamente a siete inversores. El juicio por estos hechos, sucedidos entre febrero y marzo de 2008, se celebró ayer en la Audiencia de Alicante y el presunto estafador, G.M.H.B., sostuvo que no se quedó con el dinero y todo se destinó al proyecto. El fiscal mantuvo ante el tribunal que el procesado no aplicó las cantidades entregadas por los perjudicados, que oscilaban entre los 21.000 y los 31.800 euros a la promoción de casas, ni aseguró su devolución. G.M.H.B. era el propietario de dos tercios de las participaciones de la firma Gestora de Vivienda Tizona SL, aunque estuvieran a nombre de su mujer y de un amigo, según la acusación. Esta mercantil tenía como objeto la promoción de viviendas en Villafranqueza y gestionaba a su vez la actividad de la Cooperativa Salvamar. El sospechoso pidió a familiares y conocidos que se constituyeran como consejo rector de la cooperativa, aunque éste fue modificado después.
