La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones nigerianas dedicadas a la explotación sexual de más de 50 mujeres, algunas menores, y ha detenido a 30 personas en Torrevieja, Orihuela (Alicante), Cartagena (Murcia), Alcalá de Henares (Madrid) y Valencia, de las que 18 han ingresado en prisión. Según la Policía, los agentes han liberado a 18 víctimas que eran obligadas a ejercer la prostitución durante más de 12 horas diarias en calles de Torrevieja, donde se encontraba asentada la red que era dirigida desde Ceuta. Los agentes también liberaron en Ceuta a una menor embarazada y otra víctima fue rescatada en Guadalajara.
Actuaban como auténticos cárteles y entre las dos organizaciones se distribuían las zonas donde colocaban a las víctimas, además de pactar los precios a cobrar con el fin de controlar todo el negocio y evitar a posibles competidores. Buena parte de los beneficios obtenidos de la explotación de las mujeres se enviaba clandestinamente a Nigeria, habiéndose detectado movimientos de más de un millón de euros.
La investigación comenzó hace más de un año a raíz de una denuncia presentada en Málaga por una mujer de origen nigeriano, en la que relató a los agentes cómo había sido captada en su país de origen y traída hasta España, donde la habían obligado a ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída por los gastos del viaje.
La organización estaba liderada por cinco mujeres y cada una de ellas controlaba a su propio grupo de víctimas en el ejercicio de la prostitución, compartiendo, incluso, a algunas de las mujeres explotadas. En el momento de las detenciones, una de ellas, que residía habitualmente en Reino Unido, se encontraba en Torrevieja viviendo en una caravana, con la finalidad de controlar a una de su víctimas, de tan solo 16 años, a la que habían convencido para que se fugase de su familia de adopción con la que vivía en Francia.
Los responsables de la red, dos mujeres y un hombre, estaban afincados en Ceuta, aunque sus víctimas eran explotadas principalmente en Torrevieja. La red utilizaba la influencia de un líder espiritual, pastor de una iglesia en la localidad torrevejense que, no sólo conocía la situación de explotación, sino que ocultaba en el interior de su iglesia la documentación de las víctimas y se lucraba con los beneficios. Las mujeres se veían obligadas a pagar al pastor para ser perdonadas por ejercer la prostitución.
Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución todos los días de la semana, desde las siete de la tarde hasta primera hora del día siguiente, no pudiendo regresar al domicilio en el que vivían con los tratantes hasta que les dieran permiso. Una vez en las viviendas, tampoco podían descansar, pues sus tratantes las obligaban a trabajar como cuidadoras de ancianos y a limpiar y a cocinar para ellos. Además, eran sometidas a todo tipo de agresiones y vejaciones. Una de las proxenetas llegó a amenazar de muerte a una de las víctimas en presencia de los policías en el momento de la detención, si se atrevía a denunciarla.
Si desobedecían las órdenes y no obtenían el dinero suficiente por sus servicios sexuales, las castigaban a alimentarse exclusivamente de pan y eran sometidas a rituales vudú en los que tragaban agua sucia con arena o tenían que caminar desnudas por los patios de las casas en las que residían. También eran coaccionadas para no denunciar su situación a la Policía bajo amenazas de muerte.
La trama tenía una red de alojamientos en los que mantenían a las víctimas, se turnaban para supervisarlas y se informaban por teléfono de los servicios que prestaba cada víctima. Ambas organizaciones se prestaban dinero cuando era necesario para captar y traer a las mujeres y se ofrecían apoyo legal cuando alguien era detenido.
También contaban con especialistas en sacar de España los beneficios obtenidos de la explotación sexual de las víctimas y de hacerlo llegar a Nigeria. Para ello utilizaban una tienda de productos africanos de Torrevieja, donde hacían entregas de dinero para que otros lo transportasen hasta Nigeria oculto entre sus pertenencias. Una segunda vía partía desde el Corredor del Henares, en Madrid, donde ocho personas recibían el dinero y lo ingresaban en determinadas cuentas bancarias, o lo custodiaban a la espera de su envío a Nigeria.
Una vez que el dinero llegaba a Nigeria, una parte era distribuida entre los responsables de la organización allí asentados y con el resto se financiaban nuevas operaciones de trata de seres humanos. La investigación se ha desarrollado en diferentes localidades, pues las organizaciones acostumbraban a trasladar a las víctimas por todo el país para evitar su localización.
