Un funcionario que estuvo al frente del departamento de Informática del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig aceptó ayer una pena de un año, tres meses y un día de cárcel tras declararse culpable de un desfalco a las arcas municipales de 156.347 euros, según fuentes de la Fiscalía. De esta forma eludirá la cárcel, ya que inicialmente el fiscal le pedía una condena de siete años de cárcel por falsedad y hurto.
El procesado, Antonino C.Ll., también tendrá que pagar una multa de 480 euros y será inhabilitado para el manejo de caudales públicos durante 8 meses.
Por su parte, un empresario que colaboró con el anterior en la elaboración de facturas falsas para cometer el fraude, Issam T.T., será condenado a ocho meses de prisión y a una multa de 360 euros.
La vista oral, que debía celebrarse entre ayer y hoy en la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante, se saldó ayer con un acuerdo entre la Fiscalía y el propio consistorio, como acusaciones pública y particular, por un lado, y las defensas, por otro.
El tribunal aplicará a ambos procesados las atenuantes de dilaciones indebidas -el asunto estuvo siete años paralizado en el juzgado- y reparación del daño, lo que supone una rebaja de sus condenas respecto a los 7 años y medio y los tres años que la fiscalía reclamaba inicialmente para el empleado público y el empresario, respectivamente.
El primero, cuya mujer también se sentó en el banquillo como responsable civil subsidiario, ya ha pagado a la corporación municipal 83.326 euros y se ha comprometido a reintegrarle 2.000 euros mensuales hasta saldar la indemnización.
Mientras tanto, Issam T.T. ha consignado ya 19.000 euros y devolverá los 3.989 euros que restan para saldar su responsabilidad civil mediante plazos mensuales de 500 euros.
Ambos eludirán previsiblemente la prisión porque ni la Fiscalía ni la acusación particular se han opuesto a que los magistrados suspendan la ejecución de las condenas siempre que paguen.
El desfalco se produjo entre 1997 y 2003, cuando el informático confeccionó multitud de facturas falsas emitidas por empresas inexistentes por la prestación de bienes y servicios que no respondían a la realidad.
El dinero acabó en cuentas bancarias de las que era titular el propio Antonio C.Ll, tal y como él mismo confesó ayer tras dar por válida los hechos relatados por el fiscal en su escrito de acusación.
Igualmente, se apropió de dinero abonado por el Ayuntamiento en metálico en concepto de «anticipos de caja» y utilizó un procedimiento similar para perpetrar otro fraude, en este caso con las facturas falsas facilitadas por la empresa del otro acusado. Finalmente, Antonio obtuvo otros 12.517 euros al «apoderarse subrepticiamente» de material informático municipal y venderlo a particulares.
