La Audiencia de Alicante celebró ayer una vista de apelación para decidir si revoca una sentencia de un juzgado de lo Penal que absolvió a un empresario de un presunto fraude fiscal de un millón de euros al cuestionar los criterios de la Agencia Tributaria en este tipo de denuncias. La sentencia argumentaba que el hecho de que la Agencia Tributaria acuse a alguien de fraude fiscal no implica obligatoriamente que sus informes vayan a tener carácter de prueba. La vista celebrada ayer en la Audiencia se hizo a instancias de la Fiscalía y del Abogado del Estado que piden que se revoque la sentencia. La vista se ha visto retrasada después de que el anterior abogado del empresario renunciara el mismo día en que debía haberse celebrado. Con un nuevo letrado designado por la sala, el empresario se sentó en el banquillo otra vez y ayer declaró que se desgravó más de 800.000 euros de unas obras.
La juez de lo Penal consideró en su día que la Hacienda Pública no había conseguido demostrar que el importe realmente defraudado fuera el que figuraba en la denuncia e incidía en que el acusado no tuvo intención de engañar al fisco, ya que toda las pruebas en las que se basaron para presentar la acusación fue la propia documentación de la mercantil investigada. Basándose en todas estas conclusiones, la juez rebajó las cantidades supuestamente defraudadas a menos de 120.000 euros, por lo que estimaba que se trataría de una mera infracción administrativa.
