Seis ciudadanos búlgaros accedieron de forma fraudulenta al sistema nacional de trasplantes y consiguieron que se les implantara un riñón, mientras que catorce, entre ellos los trasplantados, lograron recibir tratamiento de diálisis mediante un sistema de altas ficticias a la Seguridad Social.
La Guardia Civil ha detectado un fraude relacionado con ciudadanos procedentes de países del Este, fundamentalmente de Bulgaria, que mediante altas ficticias a la Seguridad Social permitía obtener la tarjeta sanitaria y acceder a diálisis y a la lista de espera para un trasplante renal y que ha supuesto un coste para el sistema sanitario de 1,5 millones de euros.
La operación, denominada Renibus, se ha centrado en la Comunidad de Madrid, donde se detectaron todos los casos, pero se ha hecho un llamamiento al resto de comunidades para que investiguen posibles acúmulos de extranjeros en las listas de espera para trasplantes.
En rueda de prensa, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa, calificó la operación de «relevancia a nivel nacional» y explicó que comenzó hace un año cuando la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) detectó un número anómalo de ciudadanos de Bulgaria en la lista de espera para trasplantes de riñón.
Los ciudadanos venían a España en autobús o avión y una vez en el país acudían al centro de salud más cercano porque requerían de forma urgente someterse a hemodiálisis.
El comandante Reina, jefe del grupo de Delincuencia especializada de la UCO, explicó que no hay ninguna organización criminal detrás ni nexo de unión entre todos los casos, sino que se producía un «efecto llamada» mediante el «boca a boca».
Una vez en España, los pacientes, todos ellos jóvenes -de entre 30 y 40 años- y con recursos suficientes para costearse su estancia, se daban de alta como trabajadores por cuenta propia o ajena en la Seguridad Social a pesar de que no realizaban ningún tipo de actividad laboral, indicó la directora de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, Elena Ruiz Cascales.
A los investigadores les llamó la atención que pacientes que, en su mayoría, necesitaban hasta cuatro horas diarias de tratamiento médico se diesen de alta como jardineros, empleados de hogar o en la construcción.
La inspección de Trabajo ha comprobado la existencia de varias empresas ficticias en las que los empleadores eran de distintas nacionalidades y alguno de ellos español, que contrataban a los pacientes y que, en algún caso, llegaron a cobrar entre 100 y 200 euros por darles de alta.
Fernández de Mesa explicó que la investigación «minuciosa y complicada» permitió paralizar una práctica de turismo sanitario «lesivo», ya que estos ciudadanos entraban en la lista de espera con los mismos derechos y deberes que los demás pacientes.
Actualmente en España hay 25.000 personas en diálisis y 4.327 en lista de espera para acceder a un riñón, dijo el director de la ONT, Rafael Matesanz, quien precisó que el coste de un trasplante es de 50.000 euros, lo mismo que un año de tratamiento de diálisis.
En esta operación 20 personas han sido investigadas -antes llamadas imputadas- por fraude a la Seguridad Social y 6 como falsos empleadores, aunque ninguno de ellos ha sido detenido y se les imputa un delito de simulación o tergiversación de hechos para acceder a los beneficios que otorga la Seguridad Social, lo que puede estar penado con hasta 6 años de cárcel.
Matesanz opinó que las 6 personas que han sido trasplantadas podrían seguir en España, ya que requieren de un seguimiento y de un tratamiento con fármacos financiados.
