La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas de multipropiedad o vacaciones en tiempo compartido (time share) que operaba en las provincias de Málaga y de Alicante. Seis personas, todas ciudadanas extranjeras, han sido detenidas, según indicaron ayer fuentes policiales. Se les imputan delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las 18 víctimas identificadas son ciudadanos de Europa occidental a las que habrían estafado un total de 345.000 euros.

La investigación comenzó en el año 2013 cuando un juzgado de Zaragoza recibió por parte de una ciudadana belga, a los efectos de comprobar su veracidad, una resolución judicial de ese mismo juzgado. Dicha resolución ordenaba la devolución a la parte demandante (los padres de la denunciante) de 12.600 euros. Pero además, en dicha carta, se les solicitaba que ingresaran la cantidad de 1.260 euros en una cuenta corriente, en concepto de honorarios de administración y gastos judiciales, para poder percibir la cantidad de los 12.600 euros. A partir de ahí, se comprobó que esta actividad criminal venía practicándose con éxito desde los años 90 en España y en otros países de Europa occidental.

Origen

La ley 4/2012 de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, permite la compraventa de inmuebles sujetos a este régimen. En concreto, la estafa vinculada con este tipo de contrato consiste en vender derechos de uso y disfrute sobre varios inmuebles a multitud de personas diferentes, que usarían los diversos inmuebles en diferentes fechas, para luego descubrir que no hay tal inmueble, que no pertenece a la empresa que lo ofrecía, que el contrato es falso o que la compañía directamente ha desaparecido con todo el dinero. En definitiva, que no hay a quién reclamar.

Esta modalidad delictiva comenzó a detectarse a partir de esa fecha, con multitud de perjudicados tanto en España como en otros países europeos. Por otro lado, en el sector del tiempo compartido existe una actividad comercial secundaria, la reventa de semanas de tiempo compartido, donde operan empresas fraudulentas de carácter inmobiliario dedicadas a estafar a los propietarios de los derechos de uso y disfrute de semanas de tiempo compartido, ofreciéndoles un supuesto arrendamiento para terceras personas interesadas, que ni tan siquiera existen, pidiendo dinero por adelantado que acaban quedándose.

Otra fase de la estafa está relacionada con esas reclamaciones, ya que esta organización ofrecía una falsa cobertura jurídica para la devolución de las cantidades previamente satisfechas por las víctimas. Finalmente, como es el caso destapado ahora, los perjudicados comienzan a recibir por correo sentencias judiciales falsas, favorables para los intereses. Se les comunica el fallo por el que se ha condenado a los estafadores a abonar a las víctimas las cantidades reclamadas, estando las mismas bloqueadas, a la espera del previo abono de ciertas cantidades en concepto de tasas judiciales o impuestos.