La Audiencia de Alicante juzgará a partir del próximo lunes a trece acusados como presuntos integrantes de una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras en cinco clubes de alterne de Baleares, Cuenca y Alicante.

La fiscalía pide provisionalmente para ellos penas que oscilan entre los 17 y los 25 años de cárcel y que suman en su conjunto 236 años por delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y asociación ilícita.

El escrito de acusación de esta parte expone que la red delictiva tenía un carácter "estable y permanente" y que tenía por finalidad "lucrarse mediante la explotación sexual en España de mujeres, principalmente procedentes de Paraguay".

Durante los años 2005 y 2006, la banda, que estaba "perfectamente estructurada" con una clara distribución de funciones entre sus miembros, reclutó a cinco víctimas en dicho país y las introdujeron en cinco locales de alterne.

Estos prostíbulos estaban ubicados en Casas de los Pinos y El Provencio, localidades ambas de la provincia de Cuenca, Villena, Palma de Mallorca e Ibiza.

La red está dirigida, supuestamente, por Marcos M.F., que disponía de varias mercantiles con las que "firmaba los contratos de trabajo y promovía las licencias de apertura de los locales", según relata la fiscalía.

Otro procesado contactaba con personas que captaban a las futuras prostitutas en Paraguay tras decirles que iban a trabajar como camareras o contarles la realidad de su trabajo, que ellas aceptaban por sus necesidades económicas.

La banda organizaba y pagaba el viaje de las víctimas, que acababan entrando en España con visados de turistas por los aeropuertos de Madrid o Valencia.

Luego eran trasladadas a los distintos clubes, en los que se les comunicaba que debían acostarse con clientes para pagar la deuda que habían contraído, al tiempo que les retiraban los pasaportes.

Las normas que las prostitutas debían cumplir, siempre según la versión del fiscal, pasaban por ejemplo por el pago de una cantidad diaria por alojamiento y manutención, así como por el abono de comisiones al propio club por las consumiciones de sus clientes.

"Si se ausentaban sin autorización durante las horas de apertura del club, se les imponía una penalización económica en concepto de multa", añade el Ministerio Público.

El juicio por estos hechos se celebrará en varias sesiones en la sección décima de la Audiencia de Alicante entre la próxima semana y la siguiente.