La última fuga en Fontcalent coincide con una masificación del 170% y plantilla bajo mínimos

El penal alicantino no registraba fugas consumadas desde hace 14 años aunque ha habido varias tentativas

03.04.2016 | 13:31
Funcionarios en Fontcalent reclamando más seguridad.

La fuga de un recluso del penal de Fontcalent ha puesto en evidencilos recortes de los últimos años con una plantilla bajo mínimos y un índice de masificación que ronda el 170%, según han venido denunciando los sindicatos de la prisión. Unas carencias que pueden salir caras no sólo por los riesgos en materia de seguridad, sino en términos económicos. En un juicio que está pendiente de sentencia, la Fiscalía ha reclamado al Estado que indemnice con 56.000 euros a un recluso por las graves lesiones que sufrió por parte de otro preso encarcelado por un asesinato.

El centro penitenciario no había registrado ninguna fuga consumada desde el año 2002. Pedro Ruiz, conocido como el agresor del ácido por haber rociado a su expareja con un líquido abrasivo en el rostro, logró huir de las instalaciones en agosto tras camuflarse entre los visitantes aprovechando una tarde que su abuela fue a verle. El preso pudo ser localizado y detenido sin que llegara a ver a su expareja y el juicio se celebró un año después de la sonada evasión. Desde entonces, el centro no había registrado fugas consumadas, salvo casos de internos que no habían regresado tras disfrutar un permiso carcelario.

En mayo de 2012, los funcionarios abortaron el intento de huida de dos reclusos, uno de ellos encarcelado por acribillar con una metralleta al novio de su expareja en Dénia, que trataban de aprovechar la salida del camión que llevaba las cenas al centro. Un año más tarde, otros dos recursos del penal quisieron evadirse descolgándose desde el tejado de la prisión con varios fardos de ropa que habían atado. Uno de ellos era un violador reincidente.

El preso fugado esta semana se encontraba en la cárcel por maltrato habitual a su pareja, a la que llegó a agredir a puñetazo limpio delante de sus hijos. Un juzgado de lo Penal le condenó justo el día de su desaparición a penas que sumaban cuatro años y medio de cárcel. Asimismo tiene pendiente de afrontar otros dos juicios por haber roto la orden de alejamiento que le impedía acercarse a su expareja.

Mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo la desaparición del recluso, para el personal del centro se trata de la materialización de los peores temores por una situación de la que llevan años alertando. La cárcel cada vez está más masificado, mientras atraviesan dificultades por falta de personal y cada día hay más casos de agresiones a funcionarios.

Según el último estudio sobre la población reclusa en la Comunidad Valenciana del sindicato Acaip, la tasa de masificación es del 170,27% con 945 reclusos repartidos en 555 celdas. Las políticas de ajuste y austeridad marcadas por la crisis económica ha motivado una congelación en la creación de nuevas plazas para el personal penitenciario, por lo que sindicatos como Acaip, UGT y la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) han venido alertando de los riesgos de una plantilla cada vez más mermada y envejecida que debe controlar a población reclusa que a la inversa es cada vez más joven. El centro cuenta con 107 plazas y 23 vacantes, con lo que el 21,5% de la plantilla está sin cubrir, según datos facilitados por UGT. La media de edad en estos momentos ronda los cincuenta años. El centro cuenta con unas plazas además que no se terminan de cubrir porque aquellos que han intentado desempeñar ese puesto en comisión de servicio ha acabado renunciando al poco tiempo tras comprobar cuáles eran las condiciones en las que se está trabajando en el penal. En el Psiquiátrico Penitenciario se han registrado en los últimos meses varias agresiones a funcionarios mientras se denuncia que cada vez la situación es más insostenible.

Si ya hay problemas por la falta de personal, por estas carencias se eleva también el riesgo de agresiones a los funcionarios por parte de los internos, ataques que a menudo suponen la baja del funcionario atacado, explicó Francisco Sánchez secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos de este sindicado. Sánchez va más allá y asegura que las instalaciones, tanto de la cárcel como del Psiquiátrico, «están obsoletas» y todas las reformas que se hagan «son meros parches». «Lo que habría que hacer es distribuir a la población reclusa en otros centros provisionalmente para echar abajo la cárcel y construir una totalmente nueva desde cero», apostilló.

Durante los últimos años se han acometido varias obras de reforma en la prisión alicantina y precisamente los funcionarios han alertado que estos trabajos han creado puntos débiles en la seguridad que han podido facilitar estos intentos de fuga.

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