Balansiya, aquella que los musulmanes de los siglos VIII al XI llamaban Medina al-Turab, la ciudad de la arena y el lodo porque creció a la orilla de un río, era una más de las villas musulmanas pertenecientes al todopoderoso Califato de Córdoba. Como Xátiva o Dénia. Los años de esplendor llegaron después, con la caída del califa cordobés y la constitución de las taifas, entre ellas la de Balansiya, la Valencia musulmana. Aquellos tiempos florecientes del Islam medieval valenciano, erigido y enriquecido aquí por gentes de origen sirio, perviven en el recuerdo de quienes, bajo la excusa de la memoria histórica, reivindican un nuevo amanecer de aquel Al-Andalus extinguido bajo la bota cristiana.
Pero no es una reclamación legítima y legalmente defendida, sino la excusa que enarbola el Estado Islámico (EI) para amenazar a la Comunidad Valenciana como un territorio más de la infiel Europa. La última bravuconada fue en enero, cuando un yihadista llamó a la reconquista de aquél Al Andalus, con mención expresa a Xàtiva, al tiempo que él y sus compinches ejecutaban a cinco prisioneros en una grabación difundida en todo el mundo.
¿Significa eso que en Valencia hay más riesgo que en otros puntos de España de un ataque como el de Bruselas o el de París? Todos los servicios de inteligencia coinciden: no. El riesgo es similar en todas partes, pero hoy por hoy no hay un sólo indicador que permita hablar de un peligro inminente de acción islamista aquí. «Por eso seguimos en alerta 4», insisten las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por INFORMACIÓN. Eso sí. Nadie puede garantizar nada, «pero es cierto que se está trabajando mucho y bien en prevención, en investigación y en rastreo de redes sociales», que los islamistas han sabido convertir como pocos en su particular campo de labor.
Prueba de que el trabajo policial está dando sus frutos es que, de las 13 detenciones por yihadismo practicadas este año en España, casi la mitad (seis) han tenido por escenario la Comunidad Valenciana. En todo el año pasado, fueron tres.
De momento, el mapa no ha cambiado. Valencia es territorio de captación, adoctrinamiento y financiación. Como hace un año. Y como hace cinco.
De las tres detenciones practicadas en 2015, todas ocultaban procesos de radicalización y captación. En septiembre, la Guardia Civil arrestó en Gandia a Raja el Aasemy, una joven marroquí de 18 años encarcelada por hacer proselitismo y llamar a la Yihad desde el ordenador de su casa.
Un mes después, era la Policía Nacional quien apresaba a otra chica marroquí bajo la misma acusación, la de reclutar terroristas para el EI, esta vez en Xeraco. Junto con ella fueron arrestadas nueve personas más en Toledo, Barcelona y Marruecos, acusadas de integrar una célula de captación.
En noviembre, la Policía Nacional detenía a un preso de la cárcel de Segovia, Abdelmajid Chiakhi, un maltratador radicalizado que intentó captar a otros internos de confesión musulmana para la Yihad. Chiakhi, un tipo malencarado y violento, estaba (y sigue) cumpliendo condena por la brutal paliza que le propinó a su mujer y a su hijo de pocos meses en el piso de Alzira donde había vivido y sembrado el terror entre los suyos durante los diez años anteriores a su detención.
El último golpe policial a los tentáculos del ISIS, las siglas inglesas para el Estado Islámico, en territorio valenciano se produjo el 7 de febrero pasado. Fueron seis detenidos en Ontinyent, Crevillent, Muro de Alcoy, Alcoy y l'Alqueria d'Asnar, entre ellos un empresario con un volumen de negocio de varios millones de euros al año a quien la Policía y la Audiencia Nacional acusan de ser uno de los puntales en los que se sostiene la financiación del EI desde Europa. El industrial, dueño de varios almacenes que oficialmente se dedican a centralizar la recepción de ropa usada de países árabes y europeos para revenderla luego al tercer mundo, fue arrestado de nuevo el 2 de marzo en el puerto de Valencia cuando acudió, citado por la policía y acompañado de su abogado, a hacerse cargo de dos contenedores destinados a sus empresas, procedentes de Emiratos Árabes y de un país africano.
Dentro, la policía separó del resto de fardos de ropa usada 20.000 uniformes y pertrechos militares supuestamente destinados a ISIS. Eso sí, ni rastro de las armas y piezas para explosivos que los agentes esperaban encontrar.
