Cuatro acusados, miembros de una misma familia, negaron ayer durante un juicio que mantuvieran secuestrada y explotaran laboralmente a una inmigrante camerunesa en una vivienda de Alicante, tras traerla a la ciudad desde Guinea Ecuatorial con un visado de turista.

Los procesados mantuvieron ante el tribunal de la Sección Décima de la Audiencia de Alicante que sólo la invitaron a pasar unas vacaciones durante dos semanas, pero ella se negó a regresar a África y les denunció en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

La víctima trabajaba para dos de los acusados, un matrimonio, en un salón de belleza de Malabo, la capital ecuatoguineana, y viajó a España en septiembre de 2011 después de que ellos le tramitaran el visado. La inmigrante explicó ayer a los magistrados que los empresarios le prometieron que le conseguirían la residencia legal en España y le pagarían un sueldo de 1.200 euros por cuidar de sus hijos pequeños.

Sin embargo, una vez en Alicante le quitaron el pasaporte, no la dejaban salir sola de casa, le hacían trabajar infinidad de horas, la humillaban y le daban de comer «cuando les daba la gana», según su versión.

«Yo tenía miedo, no sabía hablar español y aunque hablaba por teléfono con familiares y amigos, no les contaba nada, me guardaba mis problemas en mi corazón», precisó.

El fiscal pidió sendas penas de cinco años y nueve meses de cárcel para cada uno de los cónyuges por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, otro contra la integridad moral y un tercero de coacciones en concurso con detención ilegal. Asimismo, solicitó cinco años de prisión para otros dos sospechosos -la madre de la mujer encausada y un primo de esta última- por los delitos arriba enumerados, salvo el del de explotación laboral, del que no les acusa.

Vacaciones

El cónyuge acusado negó que trajera a su empleada desde Guinea Ecuatorial para trabajar en España e indicó que él y su esposa la invitaron a pasar unas vacaciones porque «muchos africanos tienen el sueño de venir a Europa».

Tanto este procesado, que es de origen camerunés, como los otros miembros de la familia, de nacionalidad ecuatoguineana, aseveraron que la trabajadora tenía llaves y era «libre para entrar y salir de casa cuando quisiera».

Por el contrario, la perjudicada insistió en que se encontraba retenida, pues le habían quitado el pasaporte, contó que soportaba duras condiciones de trabajo, que no podía «tocar la tele ni la nevera» y que la sometían constantemente a insultos y humillaciones.

El juicio por estos hechos ya se celebró en la primavera del pasado año, pero se suspendió por un fallo del sistema de videoconferencia cuando iba a testificar la perjudicada y ha tenido que repetirse hoy en su integridad al superarse el plazo máximo previsto por la ley para su reanudación.