El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, del que forma parte, entre otros, el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, ha propuesto una reforma legal para que se pueda acordar la libertad vigilada de los supuestos agresores desde el momento en el que una mujer denuncia malos tratos porque es cuando existe «mayor riesgo».

Hasta ahora, la ley prevé que los jueces puedan acordarla cuando ya hay condena, pero el Observatorio quiere que exista la posibilidad de aplicarla desde el momento en que la mujer denuncia, porque se eleva el riesgo de que el denunciado «pueda tener represalias contra la víctima y acabar con su vida», incluso teniendo orden de alejamiento, que se notifica al agresor pero no conlleva vigilancia. Se trataría de que al mismo tiempo que un juez adopte una orden de proteccion con alejamiento por maltrato imponga también una medida de libertad vigilada si acuerda la libertad y no la prisión.

Según Magro, la Policía le haría una vigilancia o seguimiento para garantizar la seguridad de la víctima y evitar el riesgo de que atente contra su vida por haberle denunciado la mujer.

«El afectado sabría que las Fuerzas de Seguridad pueden acercarse a su vivienda y hacerle preguntas, porque puede ser vigilado», explicó ayer en Madrid uno de los expertos del Observatorio y presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, quien ha planteado esta medida asumida por el Poder Judicial. Magro también opinó que la libertad vigilada daría mayor seguridad a las víctimas y les animaría a denunciar.

Esta es una de las propuestas que hace el observatorio tras analizar 500 sentencias dictadas por las audiencias provinciales entre 2012 y 2014 para evaluar la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género y otras legislaciones en los casos de violencia machista para mejorar la respuesta judicial.

«Mito de las denuncias falsas»

El informe también confirma «el falso mito de las denuncias falsas», ya que de las 500 sentencias, solo en dos de ellas se abrió un proceso de falso testimonio contra dos mujeres que dijeron que no habían sido maltratadas, aunque en uno de los casos los agentes habían presenciado las agresiones.

«La mujer supuestamente mintió para proteger al agresor», explicó la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, quien destacó que con este estudio aleatorio de casi 500 sentencias «podemos desterrar ese mito», ya que indica que sólo en el 0,4 por ciento de las sentencias estudiadas se acordó deducción de testimonio contra la mujer.

El 78 por ciento de las sentencias analizadas fueron condenas y los delitos penales más habituales fueron maltrato síquico, seguido de quebrantamiento de condena, amenazas, delitos contra la libertad sexual y homicidios.

El motivo de absolución más frecuente es la falta de pruebas por constar sólo en la investigación con la acusación de la víctima, lo que ocurrió en el 40% de los fallos absolutorios, aunque en un 20 por ciento de las sentencias se condenó solo con el testimonio de la víctima. Además, en las condenas se aprecia una «escasa incidencia de los atenuantes», como embriaguez, «lo que confirma que se cometen estas agresiones con toda la frialdad del mundo», opinó Carmona.

El Observatorio ha detectado un aumento de la agravante de reincidencia respecto a un estudio anterior y Vicente Magro reclamó que «los programas de reeducación se implementen» porque «el 94% de los maltratadores en reeducación no reinciden».

La presidenta del Observatorio insistió en la importancia de aplicar las medidas de protección a los menores, porque recordó que en más del 75 por ciento de los hechos delictivos de violencia de género están presentes los niños. El estudio detecta que en 268 sentencias se impuso la suspensión de visitas de los niños.

Otra de las propuestas es la reforma de la ley para que la violencia de género no requiera acreditar la intención del agresor de dominar a la víctima, es decir, que «baste el hecho de golpear o maltratar con cualquier intención».