Acusados de pertenecer a la banda de la mafia ruso-georgiana desmantelada en 2010 en la operación Java, entre ellos uno que llevaba una década afincado en Alicante con su familia, declararon ayer en el juicio que viajaron a España para trabajar con sus familias y negaron haber cometido intentos de asesinato, blanqueo de dinero y otros delitos. La Audiencia Nacional reanudó ayer el juicio por esta causa en la que inicialmente había veinte acusados pero uno ha fallecido y para otros tres el tribunal ordenó el lunes su busca y captura.
La Fiscalía pide penas de hasta 32 años de cárcel para los acusados por delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, dos intentos de asesinato, falsedad de documentos oficiales y mercantiles, falsificación de tarjetas de crédito, tenencia ilícita de armas y estafa. Entre el lunes y ayer el presunto capo en España de la mafia ruso-georgiana, Kakhaber Shushanashvili, y los demás procesados han negado todas las acusaciones.
Ayer declararon los once acusados que no lo hicieron la primera jornada, todos georgianos, a excepción de la ucraniana Katerina M., pareja de Kakhaber Shushanashvili, que negó que blanqueara capitales.
Uno de los acusados interrogados fue el joven judoca Giorgi N., quien relató que vivía en Alicante con su familia y que luego fue a trabajar al lavadero de coches que tenía en Barcelona el único español acusado en esta causa. Explicó que el trabajo se lo ofreció Kakhaber Shushanasvili, al que conoce porque son de la misma ciudad de Georgia y con el que coincidió en Alicante y comentó que tenía amistad con él como puede tenerla con cualquier otro georgiano.
Además manifestó que se arrepiente de haber comprado una pistola y apostilló que «no soy un criminal ni pertenezco a una banda organizada».
Por otra parte, Irakli G.M. negó que participara en dos intentos de asesinato de un hombre en Niza ni que perteneciera a banda criminal alguna. El acusado Artur A. dijo que vivía con su hermano en Cullera (Valencia) tras llegar a España en 1999 y que trabajó en el campo y en una empresa de alquiler de vehículos. El resto de acusados también negó su pertenencia a ninguna organización y el juicio seguirá hoy en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) con declaraciones de testigos.
