­La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, apostó ayer por la creación de salas desplazadas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) en Alicante. De esta manera, Bravo recogía el guante que, momentos antes, le había lanzado el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, durante la presentación del Fórum por la Justicia en la Comunidad Valenciana. Este foro se reunió ayer por primera vez en Alicante con el objetivo de recoger propuestas de los sectores profesionales que intervienen en la Justicia para poder mejorarla. Durante su intervención, Bravo abogó también por recuperar los 15 juzgados pendientes a los que el anterior Consell del PP renunció al inicio de la crisis, así como por impulsar la reforma del Palacio de Justicia de Benalúa, que considera «indigna» por sus malas condiciones.

Bravo señaló que la propuesta de crear salas del TSJ era razonable y ya está funcionando en otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía (con sedes en Sevilla y Granada) o en Castilla-León (repartidas entre Valladolid y Burgos). La titular autonómica de Justicia señaló que había que hacer un estudio del número de litigiosidad para acudir con cifras tanto ante el propio TSJ, como al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bravo se mostró convencida de que esta provincia tiene suficiente volumen de asuntos tanto en Contencioso-Admistrativo como en Social como para justificar la creación de estas salas desplazadas.

Echávarri no sólo reclamó estas salas desplazadas del TSJ, sino también aprovechó para reivindicar el fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia y los juzgados a los que renunció el anterior Consell. «Hace tiempo que la Justicia es el hermano pobre de la Administración», aunque durante un tiempo «llegué a creer que la Ciudad de la Justicia sería una realidad a base de poner primeras piedras. Se ve que no hubo procesos electorales suficientes para completarla», ironizó.

Gabriela Bravo admitió que la provincia de Alicante había sido especialmente maltratada en la creación de juzgados, cuando se trata de una de las más sobrecargadas de toda España. «Hasta el propio Defensor del Pueblo ha criticado el retraso que tienen los juzgados de lo Penal», aseguró. Por ello han reivindicado al Ministerio de Justicia los quince juzgados a los que el Gobierno del PP renunció en el año 2010, nueve de los cuales estaban previstos para la provincia de Alicante. «Tenemos la dotación presupuestaria para poner los funcionarios y si el Gobierno no los crea, plantearemos al TSJ la posibilidad de poner en marcha juzgados bises como alternativa», explicó.

Los dos grandes temas que ayer iba a tratar el Foro de la Justicia en Alicante eran la modernización digital y la Justicia gratuita. Bravo recordó la moratoria que su departamente ha pedido a la entrada en vigor del llamado expediente electrónico que desde enero sí funciona en toda España. «Lo hemos aplazado por responsabilidad porque la Comunidad no estaba preparada», dijo y señaló que entre la herencia recibida por la anterior administración se encuentra un sistema totalmente «obsoleto», con aplicaciones «arcaicas» de los años 90. En cuanto a la Justicia gratuita recordó que han actualizado la retribuciones de los abogados tras los recortes del anterior Consell que «ridiculizaban a los profesionales».