La Fiscalía y la acusación particular han reclamado la responsabilidad subsidiaria del Estado por la agresión sufrida por un preso de Fontcalent a manos de otro recluso. El ministerio público reclama 56.000 euros, mientras que la acusación, que ejerce la abogada Mari Paz Alarcón, solicita 70.000 euros. Alarcón incidió durante el juicio que ayer quedó visto para sentencia en la Audiencia de Alicante en la responsabilidad del Estado porque el autor de la agresión no estaba considerado de especial peligrosidad pese a que estaba encarcelado por un asesinato junto a presos comunes, además en un módulo con más de 200 internos que sólo estaba vigilado por tres funcionarios.

Los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2010 en los cuartos de baño del módulo dos de Fontcalent, destinado a presos ordinarios. Agresor y víctima tuvieron una discusión porque éste último exigía al primero que le diera las dos tarjetas de teléfono que le había prestado porque necesitaba llamar. Según el escrito de acusación, el procesado le cogió por la cabeza y le golpeó en repetidas ocasiones contra la pared, hasta que cayó inconsciente al suelo. El acusado aseguró ayer que fue la víctima quien le agredió y él sólo trató de defenderse. «Le di un empujón para quitármelo de encima, pero como el suelo estaba mojado se resbaló y se cayó golpeándose en la cabeza», dijo.

Por su parte, la víctima aseguró que el acusado le golpeó por sorpresa. «Cuando le pedí que me diera las tarjetas, me dijo que le acompañara al baño. De repente sentí un golpe en la cabeza y no me desperté hasta cuatro días más tarde», relató al tribunal. El hombre sufrió un traumatismo craneo encefálico, que le ha provocado una parálisis facial en la parte izquierda y de audición. «Por las noches no puedo cerrar el ojo izquierdo y me lo tengo que sujetar con una tirita para dormir», dijo.

El acusado se encontraba como preso preventivo por haber participado junto a otros dos acusados en un asesinato en Pego en abril de 2009 de un hombre con el que estaban tomando copas, todo para quitarle 60 euros. El procesado fue condenado a doce años de prisión por haber participado en el crimen, aunque no fue el autor material del mismo.

La víctima de la agresión en la cárcel aseguró que el procesado solía jactarse en la cárcel de que estaba encerrado por asesinato, motivo por el que otros presos le tenían miedo. Pese a ello, a ninguno de los funcionaros se le había encomendado someter a algún tipo de vigilancia o seguimiento especial a este recluso que estaba en un módulo poco conflictivo. Los propios funcionarios tuvieron que proteger al acusado tras el incidente debido a que otros internos querían tomarse la justicia por su mano, porque consideraban injusta la agresión. «Le rodeaban y le gritaban abusón», relató uno de los funcionarios. La víctima fue trasladada a la enfermería inconsciente y sangrando por un oído, mientras el acusado fue trasladado a aislamiento.