La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, se ha comprometido hoy a reclamar a Alicante el traslado de una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, bien la de lo Social, bien la de lo Contencioso.

La consellera se ha hecho eco así de la reivindicación que, en este sentido, acababa de exponerle el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, durante la presentación del Fórum por la Justicia en la Comunitat Valenciana, un observatorio que recogerá propuestas de distintos operadores jurídicos y la sociedad civil para mejorar la agilidad y eficacia de esta administración.

"Es una petición más que razonable y es el mismo modelo que existe en Andalucía con Sevilla y Granada o en Castilla-León con Valladolid y Burgos, pero aún tenemos que estudiar el número de recursos que se presentan cada año y la carga de trabajo", ha dicho, antes de tramitarla ante el propio TSJ, el Gobierno central y el Consejo General del Poder Judicial.

Echávarri (PSPV-PSOE) no sólo se ha referido al "anhelo" de esta sala desplazada del Tribunal Superior sino que ha reivindicado también la creación de la Ciudad de la Justicia de Alicante, un proyecto que surgió a finales de la década de los 90 y que la Generalitat sigue sin acometer por falta de presupuesto.

"Somos el hermano pobre de la familia pobre que es la Administración de Justicia en el Estado del Bienestar. Siempre creí que la Ciudad de la Justicia se pudiera crear a base de primeras piedras, pero por lo visto no hubo suficientes citas electorales para ello", ha ironizado el primer edil alicantino.

Al mismo tiempo, ha explicado que el departamento municipal de Patrimonio está buscando inmuebles para incrementar las infraestructuras judiciales en la ciudad, objetivo con el que se reunirá de nuevo con la consellera después de las fiestas de Semana Santa.

En este sentido, Bravo ha coincidido con el alcalde en la "situación de abandono" que sufre la Justicia en la Comunitat y ha criticado que el anterior Consell, en manos del PP, renunciase en 2010 a la creación de 15 nuevos juzgados por falta de dinero pese a que la medida ya había sido aprobada por un decreto por el Ministerio de Justicia.

En declaraciones posteriores a la prensa, la consellera ha precisado que pidió hace días al actual Gobierno en funciones que "reactive" dicho decreto, si bien ya ha propuesto a la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, una alternativa que consistiría en un plan de choque con refuerzos en forma de "juzgados bis".

En cuanto a las infraestructuras judiciales de Alicante, ha reconocido que la situación de las instalaciones de Fiscalía en el palacio judicial del barrio de Benalúa es "indigna" y "lamentable" y su traslado a una sede temporal es una prioridad mientras no se acometa la reforma integral prevista en ese inmueble, para el que aún no existe siquiera un "proyecto básico".

Por otro lado, ha justificado que la Generalitat no se haya incorporado aún al expediente judicial digital que ha impulsado el Ministerio del ramo porque el decreto se dictó con "poca previsión" y sumarse ahora al mismo sólo iba a "entorpecer" y aumentar "el número de problemas de los órganos judiciales, la Fiscalía y los colectivos profesionales".

No obstante, ha admitido que la Justicia trabaja aún con una tecnología desfasada, "aplicaciones obsoletas y arcaicas y herramientas propias de los años 90" que impiden, por ejemplo, abrir archivos remitidos por la Agencia Estatal Tributaria (AET).

En relación al foro que presentaba hoy, y que comenzó a trabajar en una primera sesión en Valencia en noviembre pasado, Bravo ha señalado que se trata de una apuesta destinada a crear una "Justicia renovada, eficaz y transparente que dinamice los mercados y los flujos económicos" y priorice la "defensa de los ciudadanos más vulnerables".