La Audiencia de Alicante ha creado una bolsa de trabajo de cerca de 200 mediadores profesionales que permitirá sacar de los juzgados 25.000 pleitos de tráfico. El listado incluye a abogados, procuradores, economistas, enfermeros, médicos y gestores administrativos y ha sido remitido a las 21 compañías que operan en Alicante. El objetivo es que entre todas estas partes se pueda llegar a un acuerdo en menos de dos meses, sin necesidad de que tengan que intervenir los tribunales.
La última reforma del Código Penal despenalizó todos los juicios por pequeños accidentes de tráfico que automáticamente pasaron a resolverse por la vía civil, excepto aquellos en los que el conductor del siniestro hubiera tenido una conducta delictiva. Una de las consecuencias de esta situación fue que las víctimas de estos pequeños siniestros se quedaron sin posibilidad de ser examinados por un forense y debían a partir de ese momento buscarse un médico particular para presentar en el juzgado un parte médico que detallara sus lesiones.
La Audiencia de Alicante ha puesto en marcha el protocolo por el que se pone en marcha el proceso para la selección de profesionales. Todos estos mediadores han seguido un curso para trabajar en la mediación de conflictos, además de otro específico para el derecho de circulación. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, aseguró a este diario que el sistema no pretende suplantar el trabajo de los abogados, «sino que ellos son necesarios para que la mediación sea eficaz y representen los intereses tanto de la compañía aseguradora como del perjudicado».
Magro insistió en que un pleito de tráfico en la vía civil puede tardar como mínimo en resolverse, mientras que con la mediación existe la posibilidad de cerrar un acuerdo en un plazo de entre 45 días y dos meses. «La propia saturación de los juzgados de Primera Instancia pueden provocar que la demanda se quede meses encima de la mesa del secretario sin ni siquiera poder mirarla, porque hay que resolver asuntos más antiguos», explicó. La jurisdicción civil es precisamente una de las que más sobrecarga de trabajo ha tenido que asumir con motivo de la crisis económica, ya que son los que se encargan de resolver pleitos como reclamaciones de deuda, desahucios y ejecuciones hipotecarias. El objetivo es evitar que toda este jurisdicción resulte aún más desbordada con la llegada de todos estos nuevos pleitos. Los juzgados de instrucción aún siguen juzgando accidentes que ocurrieron antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
Con el protocolo, cada compañía podrá elegir del listado a un médico o enfermero mediador y por otro lado a un abogado, procurador, gestor o economista para poder resolver el conflicto. Magro explicó a este diario que a finales del año pasado el Gobierno emitió un decreto (1148/2015) por el que se regula la posibilidad de que los accidentados en siniestros de tráfico puedan ser examinados por un forense. Una medida que complementa las nuevas indemnizaciones por Tráfico que también entraron en vigor a finales de 2015.
