La totalidad del colectivo de secretarios judiciales de los juzgados de lo Penal de Alicante ha firmado un escrito conjunto reclamando refuerzos urgentes ante la situación límite que padecen estos órganos judiciales. «La situación actual es caótica resultando así imposible atender las necesidades básicas del servicio entre las que se encuentran materias tales como causas con preso o violencia de género», alerta el documento presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo.

Concretamente, piden juzgados especializados para resolver todas las denuncias por violencia de género y otros destinados a ejecutorias, es decir, encargados en exclusiva de hacer cumplir las resoluciones dictadas por los juzgados de lo Penal. Mientras estos órganos se crean, «como media urgente e inaplazable sería imprescindible la dotación inmediata de dos funcionarios de refuerzo por cada juzgado».

Los letrados de la Administración de Justicia (nueva definición de los secretarios tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) señalan que los juzgados de lo Penal sufren «una gravísima situación de déficit estructural en materia de personal» que impide prestar el servicio «con las condiciones mínimas de dignidad y eficacia que el justiciable merece». El escrito recuerda que la situación se comunicó a la Dirección General de Justicia el 2 de diciembre de 2014 sin que hasta ahora se haya adoptado ningún tipo de medida.

En esta línea, recuerdan que en marzo de 2004 el CGPJ realizó una inspección conjunta en los ocho juzgados y, ante la crítica situación que padecían, se designaron Jueces de Adscripción Territorial como refuerzo y se propuso la creación de órganos especializados. El colectivo recuerda que estas medidas no se han puesto en marcha, «ni hay voluntad alguna para llevarlas a cabo» y la situación ha empeorado considerablemente. «Sólo se ha procedido a buscar acomodo a una serie de jueces que no tenían plaza debido a la total descoordinación entre la convocatoria de oposiciones y la creación de juzgados», recuerdan y alertan de que la medida ha supuesto más trabajo para la oficina judicial.