El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, ha elaborado un protocolo para los juzgados de lo Penal que persigue llevar a mediación 50.000 de las 200.000 causas que ven estos órganos cada año en la provincia. La puesta en marcha del plan fue aprobada la semana pasada por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ). La iniciativa, surgida ante la inexistencia de una ley de mediación en el ámbito penal, excluirá expresamente los casos de violencia de género, ya que está prohibido por ley, pero no los de violencia doméstica por conflictos entre familiares. Para Magro, el protocolo puede convertirse en «un referente» para todos aquellos profesionales del ámbito jurídico que quieran dedicarse a la «mediación» en colaboración con los juzgados y tribunales.
Los jueces podrán disponer de una lista elaborada por la Audiencia con profesionales colegiados que hayan realizado unos cursos de formación en materia penal, uno de ellos de 100 horas de duración. El magistrado y el letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario) de cada órgano seleccionarán los casos que, a su juicio, pueden derivarse a la mediación y el mediador se designará por sorteo. El inicio de esa mediación entre un acusado y la víctima del delito conllevará la suspensión del trámite de juicio, en el caso de que las diligencias estén ya en esta fase. Los mediadores, entre los que puede haber criminólogos, médicos, psicólogos o abogados, entre otros profesionales, han de intentar que el acusado y la víctima lleguen a un acuerdo por el que la segunda sea resarcida y se evite así la vista oral.
