La Fiscalía de Alicante ha recibido tres fiscales de refuerzo durante tres meses para hacer frente al incremento de trabajo que han supuesto las diferentes reformas legales que han entrado en vigor recientemente, según han informado a EFE fuentes del ministerio público.

Los acusadores públicos han sido seleccionados de una bolsa de sustitutos y se han incorporado a sus puestos entre finales del pasado mes y el principios de febrero, uno de ellos en la fiscalía de área de Benidorm-Dénia y los dos restantes a la demarcación de Alicante.

Estos refuerzos han sido aprobados por la inspección de la Fiscalía General del Estado, a instancias del fiscal jefe de la provincia alicantina, Jorge Rabasa, inicialmente para un periodo de tres meses.

La junta de fiscales alicantinos ya expuso en una reunión celebrada el pasado mes de noviembre las dificultades que iba a tener la plantilla para atender la sobrecarga de trabajo que supondría para la institución la entrada en vigor de diferentes reformas legales.

Así, por ejemplo, los acusadores públicos han calculado que deberán asistir a 4.000 comparecencias en los juzgados al año en los que su presencia no era preceptiva con anterioridad por una reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en el ámbito del Derecho Civil.

Igualmente, en materia penal, han de revisar desde el pasado 6 de diciembre las 17.400 diligencias previas que estaban abiertas a esa fecha en la provincia para determinar si pueden instruirse en seis meses o deben solicitarse prórrogas de hasta 18 meses en el caso de que sean complejas, como marca la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En otro orden de cosas, el ministerio público celebrará mañana en la Audiencia de Alicante un acto de homenaje a dos funcionarios de la institución, Luis Gumersindo Gil y Ána Cánovas, con motivo de la concesión a éstos de la medalla de plata del mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort.