Cobrando el paro y otras prestaciones sin haber trabajado una sola hora. Todo era un montaje para cobrar del Estado. La Policía Nacional ha desmantelado en Orihuela una trama acusada de estafar más de 500.000 euros a la Seguridad Social mediante empresas ficticias que vendían contratos falsos a personas para acceder a prestaciones o conseguir el permiso de residencia en España. En la operación realizada por la Brigada Provincial de Extranjería de Alicante han sido detenidas 34 personas, dos de ellas empresarios, un gestor de Orihuela y el resto los supuestos trabajadores.
Según los datos facilitados ayer por la Comisaría Provincial, la organización criminal desarticulada creaba empresas ficticias y cuando vendía los contratos de trabajo daba de alta a los falsos trabajadores en la Seguridad Social y luego no hacían frente a sus obligaciones económicas con la Administración.
Las pesquisas policiales se iniciaron el pasado mes de octubre tras tener conocimiento la Policía de un grupo organizado que estaba realizando altas fraudulentas de trabajadores para poder cobrar diferentes prestaciones y permisos de residencias, o ambas cosas.
La Policía descubrió que se trataba de un grupo afincado en Orihuela que había creado una aparente estructura empresarial para dar cobertura legal a las actividades ilícitas. Operaban ficticiamente en la prestación de servicios relacionados con la construcción y a través de un gestor la red daba de alta a ciudadanos a los que ofrecían contratos falsos por un precio que oscilaba entre 200 y 300 euros mensuales, todo ello sin que existiera una relación laboral efectiva porque todo era ficticio. Posteriormente desatendían las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, pero los falsos trabajadores utilizaban esos contratos para regularizar su estancia en España por la circunstancia del arraigo social y sobre todo con una finalidad económica.
Para ello, cubrían periodos de carencia con el objetivo de generar el derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo, maternidad o incapacidad.
La Policía asegura que la trama desmantelada ha causado un fraude al erario de la Seguridad Social por un importe superior a los 500.000 euros.
Los trabajadores eran captados directamente por los empresarios detenidos o a través del mediador.
La red ha llegado a dar de alta a 42 trabajadores de forma fraudulenta, pero solo se ha podido detener a 31. El resto está en paradero desconocido, posiblemente por ser inmigrantes que han regresado a sus países de origen.
A los detenidos se les ha acusados de los delitos de falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal y contra la Seguridad Social.
